Viñeta de El Roto. EL PAÍS, 25-3-2015
La
Sociedad
Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) hace
público en estos días un documento imprescindible y oportuno: (
Posicionamiento de SESPAS en el año electoral de 2015.Protege tu salud con tu voto) en el que recuerdan el principio
de
Salud en todas las políticas
muestra que la salud no sólo depende de la asistencia sanitaria: ganamos y
perdemos salud con todas las decisiones que toman los gobiernos municipales,
autonómicos, el nacional y cada vez más también en la esfera internacional. Por
ello, de cara a las Elecciones Autonómicas y Municipales, invitan a valorar
críticamente y contrastar los diferentes programas electorales con las propuestas
recogidas en el documento. Su meta no es otra que la mejora de la salud de la
población, comprometidos con los principios que fundamentan la salud pública:
la justicia social y la aplicación efectiva de los derechos humanos.
Con
ese mismo espíritu, hemos venido recopilando hasta ahora –con algunos breves
apuntes y observaciones- las diferentes propuestas en materia de sanidad que
los partidos políticos ofrecen en sus programas electorales. Acabamos aquí con
esta serie de entradas del blog…
CIUDADANOS (C’s)
En su
ideario explican que son
el fruto maduro de una
reacción ciudadana que tiene su origen en Cataluña y que posteriormente se
proyecta a toda España. Plantean cuatro líneas de actuación básicas:
1.
Defensa
de los derechos individuales
2. Defensa
de los derechos sociales y del estado de bienestar
3. Defensa
del Estado de las autonomías y de la unidad europea
4.
Defensa
de la democracia y regeneración de la vida política
En
la segunda de estas líneas de actuación, Defensa
de los derechos sociales y del estado del bienestar, señalan como principio
de partida la necesidad de la
intervención de los poderes públicos para asegurar la efectividad de los
derechos sociales. Para ello, las
redes públicas educativas, asistenciales y sanitarias, a las que puedan acceder
todos los ciudadanos con independencia de su capacidad económica, deben tener
un alto grado de calidad para así evitar desigualdades que generen exclusión
social.
En
la página Web encontramos una serie de propuestas sanitarias que luego
desarrollan más en detalle (los subrayados son nuestros):
Defendemos una sanidad pública, universal, eficiente y de
calidad.
•
Exigimos una gestión eficaz y transparente.
•
Racionalizaremos el gasto sin perjudicar a los
ciudadanos.
• Delimitaremos la sanidad pública y la privada a nivel
orgánico, administrativo y de gestión.
•
Mejoraremos la atención primaria.
•
Optimizaremos el tamaño de los hospitales.
•
Regularemos la demanda priorizándola según las
necesidades.
•
Incentivaremos al personal y penalizaremos el absentismo.
C’s defiende un sistema
sanitario público y universal de salud que garantice el acceso a una
asistencia y cobertura sanitaria eficientes y de calidad a todos los
españoles con independencia de su lugar de residencia como uno de los
pilares del Estado social y de bienestar español.
La salud es
fundamental para el bienestar de las personas. Por ello C’s quiere un sistema
sanitario que, además del tratamiento de las enfermedades, se ocupe de
la prevención, los hábitos saludables, la rehabilitación,
la asistencia y la investigación.
El modelo actual
necesita de reformas estructurales factibles, con un impacto importante
en la reducción del gasto que buscan desarrollar un servicio de salud sostenible
y solvente.
Estas
consideraciones iniciales se desarrollan posteriormente en un decálogo que
contempla una serie de medidas muy genéricas y poco concretas entre las que se
alude al establecimiento de indicadores de calidad y eficiencia que permitan la
transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía Se habla de mejorar la
financiación del sistema -de base capitativa-, aunque en ningún momento se
indica expresamente que se hará mediante impuestos ni se habla de la gratuidad
de los servicios o prestaciones; (aunque se alude a la implantación de un
posible copago con carácter disuasorio y reembolsable según la gravedad).
Reorganizar y concentrar servicios, adecuar el tamaño de los hospitales,
mejorar la atención primaria para reforzar
su papel como filtro de la especializada (sic), coordinar niveles,
revisar las actividades preventivas y/o asistenciales que no aporten valor, regular
la demanda y promover la evaluación de tecnologías sanitarias para su posible
incorporación con criterios de coste-efectividad. Con respecto al personal, se
propone incrementar los incentivos económicos a la productividad, fomentar la
exclusividad en el sector público e incluir mecanismos de autonomía de gestión
profesional. Finalmente, plantean corresponsabilizar a los pacientes y fomentar
“cambios culturales” que contribuyan a la propia transformación del sistema.
Literalmente:
1. Transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.
Supone que los
responsables que gestionan los centros y las áreas rindan cuentas a quien
financia sus actividades y, por supuesto, que los responsables de mayor nivel
fijen criterios claros de actuación basados en indicadores de calidad y
eficiencia y rindan cuentas a la ciudadanía de su labor.
2. Mejoras en la financiación.
La financiación
debería ser capitativa, consistente en asignar al conjunto de proveedores de
cuidados de una zona geográfica determinada, un fondo económico por cada
persona de dicha zona que está incluida dentro de la población protegida,
durante un periodo determinado, normalmente de un año. Se deben establecer indicadores
de salud poblacional y de calidad de la asistencia prestada que permitan
recompensar a aquellas organizaciones que mejores resultados obtengan.
3. Concentración de servicios y optimización del tamaño de
los hospitales.
La reorganización
de servicios debe basarse en evidencias sobre la relación entre volumen,
resultados y costes, repensando tanto los hospitales muy pequeños como los
demasiado grandes y definiendo mejor los niveles asistenciales (p. ej., no
hacer cirugía ambulatoria en hospitales universitarios), desarrollar sistemas
multihospital para concentrar servicios comunes como anatomía patológica,
laboratorio, etc. y coordinar compras, evitando el fraccionamiento de
los sistemas de información por comunidades autónomas.
4. Políticas preventivas y asistenciales.
En el campo de políticas
preventivas y asistenciales es necesario adoptar medidas que tengan por
finalidad la reducción de: a) actividades preventivas que no aportan valor
asistencial añadido (chequeos, revisiones de empresa, etc.), especialmente en
la propia Administración y orientar las citadas políticas hacia segmentos
poblacionales donde se ha demostrado su efectividad; b) de pruebas diagnósticas
sin clara respuesta terapéutica asociada; c) mejoras de calidad asistencial
para reducir complicaciones y efectos adversos; d) de limitación del esfuerzo
terapéutico fútil o inútil redefiniendo los procesos terminales y rediseñando
las alternativas de prestaciones.
5. Regulación de la demanda.
La regulación de
la demanda no puede basarse en el copago. Este puede suponer una barrera de
acceso a los servicios sanitarios de personas que realmente los necesiten. Se
hace necesaria: a) la priorización según necesidades: urgencias,
exploraciones, visitas, intervenciones, priorización listas de espera, cartera
de servicios; b) implicación de los pacientes en sus propios cuidados,
especialmente con enfermedades crónicas e implicarlos en la práctica de hábitos
saludables invirtiendo en prevención y educación en salud; c) medidas enfocadas
a evitar duplicidades en pruebas, visitas u otros servicios; d) reducir
la utilización intensiva de algunos servicios como las urgencias
hospitalarias filtrando los casos banales y disminuir las derivaciones; e)
implantar y extender la utilización de las tecnologías de la información y
comunicación para todo tipo de gestión de la demanda incluyendo la
sustitución de la visita cara a cara. El copago solo podría ser utilizado
como un elemento disuasorio en aquellos pacientes menos graves que tengan
la posibilidad de administrar mejor el uso de medicamentos o servicios
sanitarios, y se establecería mediante un copago reembolsable.
6. Evaluación de tecnologías y medicamentos, e incorporación
a la cartera de servicios.
En primer lugar
desde C’s pensamos que la definición de la cartera de servicios debe estar
basada en la evidencia, Asimismo, la priorización y financiación de la incorporación
de tecnologías y medicamentos a la cartera de servicios se realizará en función
de su efectividad y coste-efectividad por lo que los nuevos procedimientos
diagnósticos o tratamientos deberán acompañarse de su presupuesto y financiar
los fármacos nuevos sólo en las indicaciones aprobadas. También pensamos que se
ha de abordar la racionalización de los tratamientos de gran coste
unitario y pequeños beneficios y de los tratamientos emergentes o de
efectividad dudosa.
7. Mejora de la atención primaria y coordinación entre
niveles asistenciales.
Es
imprescindible aumentar el presupuesto de la atención primaria para reforzar
el papel de la misma como filtro de la especializada y puedan realizarse
pruebas diagnósticas evitando así derivaciones a la especializada. Asimismo se
hace necesario realizar una política de servicios basada en la atención
primaria para atender enfermedades crónicas y reducir hospitalizaciones.
8. Políticas de personal.
En este campo
consideramos medidas destacables: a) incrementar los incentivos económicos a
la productividad así como fomentar la exclusividad en el sector público; b)
Incluir mecanismos de autonomía de gestión profesional que permitan
tomar mayor responsabilidad a los profesionales en la gestión de la demanda; c)
cambios en la distribución porcentual de las plantillas entre sanitarios y no
sanitarios así como en la formación de grado y en la residencia; d)
descentralizar la contratación a nivel de centros; e) combatir la endogamia y
la falta de movilidad profesional; f) hacer más atractiva económica y
socialmente la carrera profesional en atención primaria; g) penalizar el
absentismo; y h) reorientar los incentivos a los profesionales para la
innovación y la sustitución de tratamientos y pruebas diagnósticas obsoletos o
antiguos.
9. Mayor coordinación del sistema.
Intensificaremos
la función del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
como garante de la coordinación en la asistencia sanitaria en todo el
territorio nacional, incluyendo la cartera de prestaciones sanitarias
complementarias siempre que estos servicios demuestren su utilidad y necesidad.
La coordinación que debe realizar el Estado persigue la integración de la
diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando
contradicciones, disfunciones e ineficiencias.
10. Cambios culturales.
Otro pilar de la
reformas es fomentar cambios culturales en la propia organización sanitaria
y en la sociedad hacia formas menos “consumistas” de los servicios
sanitarios: a) hay que introducir medidas orientadas a incrementar la autonomía
de gestión y la responsabilidad de las unidades clínicas; b) recuperar la
función de autoridad sanitaria, saber quién prescribe qué y a quién; c)
introducir medidas de desarrollo y difusión de análisis, e indicadores de
productividad y costos, y la introducción de la competencia por comparación; d)
desarrollar nuevas líneas de actividad para las enfermedades crónicas como
telemedicina, atención domiciliaria, desde programas piloto a utilización
masiva.
Aunque
en el Programa Marco no se contempla nada al respecto, hace unos días el
candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid anunció que su programa incluye
desprivatizar cuatro hospitales, revisando el modelo de gestión 100% privada de los hospitales de Valdemoro, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Collado Villalba si gobierna o puede influir en el Gobierno autonómico.
Igualmente, considera prioritario la elaboración de un catálogo de servicios públicos, mediante una ley que regule, incluso reformando el Estatuto madrileño, los servicios básicos no privatizables, como educación y sanidad, impidiendo que puedan dejarse en manos de terceros. En su
opinión, “la mejor demostración de que tenemos malos gestores es que quieren privatizar los sectores que deberían gestionar bien.”
El programa
sanitario de UP y D
En
su página Web presentan un breve documento que se define como
Programa Marco para las Elecciones Autonómicas y Municipales, cuyo objetivo es
servir de guía para elaborar los programas autonómicos y municipales de las
elecciones. Este Programa Marco propone los contenidos (mínimos) que deberían
incluir, y una propuesta de ordenación de los temas. Es una herramienta
orientativa, a disposición de los responsables de elaborar la ponencia del
programa en cada ámbito territorial concreto:
Sanidad
1. Gestión de
hospitales, centros de salud, empleo público, actuaciones autonómicas (revisión
de derivaciones de pacientes desde la sanidad pública a la privada, historia
clínica electrónica y receta electrónica).
2. Transparencia
y evaluación de la gestión sanitaria (listas de espera diagnóstica y
quirúrgica, gasto real y farmacéutico, evaluación y publicación periódica de
resultados).
Allá
donde existen, (como en la
Asamblea de Madrid), los grupos parlamentarios de UP y D declaran expresamente su apuesta decidida por una sanidad pública
universal, de calidad e igual para todos los ciudadanos.
• Devolución de
las competencias de Sanidad al Estado Central: con el fin de
restaurar un sistema sanitario común para todo el territorio nacional, basado
en los principios de equidad, calidad,
eficiencia y participación ciudadana.
• Proponemos un gran Pacto por la Sanidad Nacional consensuado
por todos los partidos políticos representantes del conjunto de la sociedad
española y con una hoja de ruta a corto, medio y largo plazo, no sujeto a los
vaivenes del Gobierno de turno e intereses particulares del partido político
gobernante en ese momento.
•
Recuperar la cohesión y equidad del Sistema Nacional de
Salud (SNS).
•
Gestión pública de la Sanidad pública.
• Creación de una Comisión
Nacional de Supervisión del SNS constituida por un reducido número de
expertos independientes que haga un análisis de la situación y proponga un Plan
de Reforma a las Cortes. Este organismo tendría funciones permanentes para
vigilar el cumplimiento de las propuestas y asegurar la calidad asistencial y
el resto de principios rectores. Contará con la opinión de las Sociedades
Científicas, Asociaciones de Pacientes y Familiares, y Organizaciones de
Consumidores.
Algunos otros puntos destacables
tienen mucho que ver con la situación actual del servicio sanitario público en
Castilla-La Mancha y con la desafortunada gestión del mismo llevada a cabo:
• Profesionalizar los cargos de gestión del SNS mediante sistemas de acreditación profesional objetivos y
mecanismos de selección que garanticen la adjudicación de plazas siguiendo
criterios de méritos y capacidad. Ofrecer cursos de formación abiertos a todos
los profesionales de la salud y no sólo a cargos de confianza ya
predeterminados según afinidad política y además financiados con recursos
públicos.
• Obligatoriedad de publicar las listas de espera de tratamiento quirúrgico, atención especializada y
pruebas diagnósticas, con periodicidad mensual, con comparativa con otros
centros de la misma comunidad y a nivel nacional, publicando qué número de
pacientes son derivados a centros privados, los motivos y criterios seguidos
para dicha derivación y qué coste económico representan.
• Exigir
responsabilidades por la mala planificación
y posterior actuación en la construcción y puesta en marcha del nuevo
Hospital de Toledo, que está demorando su apertura con perjuicio de la
asistencia a la población.
Se
afirma textualmente que el Servicio
Madrileño de Salud maltrata a los profesionales, al tiempo que ha sufrido durante años una gestión
temeraria basada en criterios electoralistas que ha alcanzado su máxima
expresión en la última legislatura. A este respecto, explica:
Se han
inaugurado tres hospitales de gestión privada en el transcurso de una de las
mayores crisis económicas que ha padecido nuestro país y mientras existen
desviaciones importantes de los presupuestos sanitarios. Por otra parte, los
intentos fracasados de privatizar la gestión sanitaria de seis hospitales
públicos madrileños, de convertir el Hospital de La Princesa en un geriátrico,
de implantar el ilegal euro por receta, y la gestión de la crisis del ébola son
muestras de una política dogmática, errática, incoherente e ineficaz.
También plantean que para garantizar
la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a la prevención, educación y
atención sanitarias, evitando la fragmentación del SNS en diecisiete
subsistemas independientes, se hace necesario:
Devolver al Estado competencias sanitarias para
reconstruir un sistema sanitario armónico y garantizar la igualdad de derechos.
El Gobierno de España debe tener competencia legislativa y de desarrollo plena,
de forma que se ejecuten sus decisiones y pueda ejercer de forma efectiva la
coordinación. Creemos necesaria una mayor colaboración entre las CCAA para
unificar criterios y compartir procedimientos. Implantar principios rectores de
racionalización del gasto, igualdad y equidad en las prestaciones a los
pacientes en todas las comunidades autónomas, así como centralizar compras a
nivel estatal para aprovechar economías de escala. Unificar elementos clave
como la tarjeta sanitaria, los sistemas de historia clínica de Atención
Primaria y Hospitalaria de las distintas comunidades autónomas, los sistemas de
receta electrónica y el calendario vacunal. (sic)
Por último, una propuesta que sí nos
parece digna de aplauso (y que todas las fuerzas políticas deberían hacer suya)
es la de restablecer la Dirección General de
Salud Pública en la Comunidad de Madrid, suprimida en su día por el Gobierno
Regional. Es sencillamente bochornoso y lamentable que Madrid sea la única
Comunidad Autónoma que no cuenta con un órgano directivo de este nivel para
gestionar las competencias en esta materia.
Laus Deo...
