Capital humano

«Ni todo está dicho, ni todo está por decir. Todo está dicho a medias.»

Eugenio D’Ors

«Los clientes no son lo primero. Lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes.»

Richard Branson

En general, el debate en torno a los y las profesionales de la salud (en lo referente a la planificación, formación, número, necesidades, demanda, cualificación, regulación, etc.) suele moverse en medio de excesivas simplificaciones que, en la mayoría de los casos, no se corresponden con la realidad. Como señala el conocido informe Right Jobs, Right Skills, Right Places, publicado en 2016 por la OCDE, los y las profesionales sanitarios/as constituyen la piedra angular de los sistemas de salud, desempeñando un papel central en la prestación de servicios y cuidados a la población y en la mejora de los resultados en salud. Los y las profesionales, empleados/as y trabajadores/as de las organizaciones sanitarias conforman y constituyen el capital humano, el principal activo y el corazón del sistema; son ellos/ellas quienes hacen posible la base cultural de unas organizaciones complejas, basadas en el conocimiento, que deben crecer mediante la innovación y el aprendizaje continuo.

El informe citado, con un título bastante significativo, (empleos, competencias y lugares adecuados), describe una serie de orientaciones estratégicas generales para el diseño y elaboración de políticas sobre personal sanitario, con el propósito de lograr el objetivo de tener el número y la combinación adecuada de personas proveedoras de atención sanitaria, con las competencias y aptitudes adecuadas, proporcionando servicios en los lugares adecuados, para responder mejor a las siempre cambiantes necesidades de salud de la población. Incide, además, en la necesidad de rediseñar los programas iniciales de educación y formación y el desarrollo profesional continuo.

En este sentido, a pesar del renovado interés por la responsabilidad en el autocuidado y el creciente papel de la e-health y la m-health, los trabajadores sanitarios siguen siendo –de forma abrumadora– quienes de forma directa prestan servicios de salud a la población. La demanda y el suministro de trabajadores/as sanitarios/as han aumentado con el tiempo en todos los países de la OCDE, y los puestos de trabajo en el sector sanitario y social representaban en 2014 a más del 10 por ciento del empleo total en la mayoría de los países de la OCDE.

Una gran parte de los debates sobre las cuestiones laborales y profesionales en los países de la OCDE se refieren con frecuencia –y desde hace tiempo- a la escasez de trabajadores/as sanitarios/as, (sobre todo profesionales de la medicina) con una persistente preocupación acerca de la futura jubilación de la generación de médicas/os y enfermeras del baby-boom, que podría exacerbar dicha escasez. Se trata de un problema al que nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) no es ajeno pero, para situarlo en su justa medida, conviene señalar también que, a pesar de las reiteradas reclamaciones y noticias —con frecuencia alarmantes— en los medios de comunicación y en las discusiones públicas sobre la “escasez creciente”, lo cierto es que el número de médicos/as y enfermeras nunca ha sido mayor en los países de la OCDE. Obviamente, como ponen de manifiesto los numerosos estudios llevados a cabo, la situación viene en gran medida condicionada y determinada por el modelo sanitario existente en cada país, por la estructura y distribución de los y las profesionales y sus condiciones laborales, por las grandes transformaciones tecnológicas, con la incorporación de nuevos recursos diagnósticos y terapéuticos, y por la complejidad creciente y progresiva que se vienen produciendo en las ciencias de la salud y en la asistencia sanitaria.

Reconocer la existencia de una determinada realidad no implica en modo alguno aceptarla acríticamente y, menos aún, renunciar a modificarla en el sentido que consideremos adecuado. El estudio más reciente (referido a profesionales médicos/as y elaborado a instancias del Consejo Interterritorial del SNS) explica las dificultades existentes y describe algunas experiencias de planificación de recursos humanos para la salud en diferentes países. Entre sus conclusiones, las autoras señalan: «Es evidente que las condiciones de los trabajos que se ofertan están detrás de los déficit en algunas especialidades: plazas poco atractivas en lugares remotos o alejados de grandes núcleos poblacionales y contratos temporales precarios explicarían las causas del problema, que no se solucionaría aumentando números, sino yendo a la raíz de aquellas causas fundamentales. Queda en el aire el problema de que las CCAA tienen fuertes incentivos a dotar plazas MIR que garanticen una cierta reserva de profesionales a la que acudir en cualquier momento para cubrir puestos eventuales sin gran atractivo para los profesionales y con el casi único aliciente de acumular puntos de curriculum que se puedan rentabilizar más adelante.»

Son numerosos los retos planteados, pero más allá de cuestiones de número o cantidad, más o menos coyunturales, y por lo que se refiere fundamentalmente a la calidad y a la formación, importa sobre todo destacar que el sistema de formación sanitaria especializada (FSE) de nuestro país está suficientemente reconocido y valorado, y goza de un elevado prestigio y reputación. No obstante, transcurridos cuarenta años de la puesta en marcha del sistema, consideramos que es necesario llevar a cabo algunos ajustes que permitan su mejor adaptación y adecuación a las nuevas demandas y necesidades asistenciales. Y precisamente porque el modelo de FSE en el SNS ha sido un modelo de éxito, se impone, alcanzados los objetivos primordiales diseñados hace décadas, examinar con criterios profesionales y no ideológicos, en qué se puede mejorar. Para ello, es preciso actualizar muchos de los programas formativos de las diferentes especialidades, sobre todo teniendo en cuenta los cambios sociales y la realidad sociodemográfica actual, condicionada por el envejecimiento de la población, la pluripatología y la cronicidad. Al mismo tiempo, también debemos intentar ajustar la oferta de plazas de formación de especialistas en ciencias de la salud al número de egresados de las distintas facultades, siendo conscientes de la necesidad de mantener siempre la máxima cooperación, colaboración y diálogo con la Universidad y con las comunidades autónomas, que finalmente serán los empleadores de estos profesionales en los diferentes Servicios Regionales de Salud. En este sentido, es preciso también recuperar e incrementar la oferta docente, que se había visto reducida sustancialmente en los últimos años.

Obviamente no podemos quedarnos varados en una mera gestualidad reformista. Es (muy) importante saber escuchar (no solo oír), ver (no solo mirar), valorar y tener en cuenta la opinión informada de todos los agentes implicados, Administraciones Públicas, colectivos profesionales, corporaciones, sociedades científicas y otros grupos de interés del SNS. Ello debiera permitirnos poder contribuir a la sostenibilidad del mismo, recuperar derechos y prestaciones y mejorar la calidad de los servicios a la ciudadanía, trascendiendo en muchos casos debates miopes, interesados o cortoplacistas, centrados más en la inmediatez y el tacticismo que en las necesidades reales de pacientes y de la población en general.

Aunque vivimos tiempos (muy) complejos, difíciles e inciertos, quienes trabajamos en este ámbito tenemos la obligación de superar el pesimismo, la resignación y esa desafortunada y confusa combinación de abúlica pasividad, indolencia e improvisación irresponsable que, con demasiada frecuencia, hemos visto cómo han puesto en práctica algunos gobiernos. De aquí que tengamos que seguir empeñados en esa gran empresa ética de seguir construyendo y creando —al menos manteniendo— día a día, un sistema sanitario público más justo, más equitativo, más seguro, más eficiente, de mayor calidad y, en definitiva, más humano. Se trata de una (hermosa) tarea, conjunta y compartida, a la que todas y todos estamos convocados.

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En defensa de lo público

 (La entrada recoge la mayor parte de la intervención en el acto de presentación de la Asociación de Empleados Públicos “Público y Calidad” que tuvo lugar el pasado 27 de junio en el "edificio Sabatini" del Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha).

Vivimos tiempos difíciles y complejos, tiempos de dudas e incertidumbre en los que con frecuencia resulta difícil orientarse y no es raro que los árboles no dejen atisbar el bosque. Es una época en la que probablemente necesitaríamos brújulas en lugar de planos o mapas que, por otra parte, seguramente están bastante desfasados. Hace unos días, el sociólogo y politólogo Sami Naïr publicaba un artículo (La privatización del bien común), cuyo elocuente título resulta lo suficientemente explícito y esclarecedor para situar el contexto en el que nos encontramos. Decía Naïr: “La política de austeridad adoptada en toda Europa con motivo de la crisis del capitalismo financiero a partir de 2008 está provocando un trastorno sistémico del vínculo social. Se trata en realidad de una verdadera revolución conservadora (o contrarrevolución, si se quiere), en el sentido de que ahora el objetivo fundamental de la austeridad exigida es la modificación de la relación capital-trabajo, del derecho social, de las leyes que rigen el mercado de trabajo y, de modo mucho más profundo, de los conceptos mismos de bienes públicos y privados. La orientación es sencilla: transformar los primeros en los segundos.”  (…)

Asistimos a un ataque deliberado contra los servicios públicos desde sectores muy diversos, una auténtica ofensiva que pasa por difundir, de forma interesada, una imagen distorsionada e irreal de la función pública denostando a sus trabajadores para contribuir al desprestigio de la misma. En este sentido, el discurso dominante de la privatización de lo público, la personalización e individualización rigurosa de los lazos políticos y colectivos de dependencia, implica un retorno a un cierto orden feudal, premoderno, que supone la minimización de las estructuras sociales organizativas.

Desde hace ya varios años, tantos como dura esta grave crisis económica y financiera que atravesamos, venimos oyendo de manera reiterada una cantinela que incluye una serie de afirmaciones que se pretenden ciertas a base de ser repetidas desde algunos conspicuos sectores y medios de comunicación, incluidas determinadas instancias gubernamentales o empresariales. En España –se dice- hay demasiado Estado y muchos empleados públicos; es imprescindible bajar los salarios y flexibilizar el mercado de trabajo para crear empleo; como la expectativa de vida es más alta y por tanto vamos a vivir más años, es necesario rebajar la cuantía de las pensiones para poder pagarlas en el futuro; lo privado –insisten- es más barato (o más eficiente) que lo público y la causa de la deuda es el coste muy elevado de los servicios públicos. Frases hechas, lugares comunes, mitos, “mantras” repetidos insistentemente con la intención de que se conviertan en realidad de modo casi taumatúrgico o mágico. 

Pero lo cierto es que España está a la cola de los grandes países de la UE en gasto público. El viernes 21 de junio el Gobierno presentó un Documento con el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Según los datos de la propia Comisión, España se sitúa entre los 10 países de la UE con menor gasto público en porcentaje de PIB. Es decir, el tamaño del sector público no es elevado si se compara con la media de los países de la UE.

Por lo que se refiere al número de empleados públicos, en 2012 representaban en España el 12,7% de la población activa, frente al 15% en la OCDE, y en la UE todos los países excepto Austria, Italia y Portugal tenían en 2010 más que nuestro país en relación con la población total. Además, desde el tercer trimestre de 2011 hasta el primer trimestre de 2013 se ha producido una reducción del empleo público en 374.800 trabajadores (ver gráfico) una cifra de la que se jactaba la propia vicepresidenta del Gobierno y que así dicha -en abstracto-, con la frialdad de los datos, pasa bastante inadvertida. Resulta bastante más claro y se entiende mejor al decir que en estos 18 meses se han destruido 20.800 empleos cada mes, o que diariamente casi 700 personas han perdido su puesto de trabajo, 30 personas cada hora. En este periodo, el empleo público ha caído un 11,6% frente al 7,7% en que ha disminuido la ocupación en el sector privado. (Solo en Castilla-La Mancha, en apenas seis meses, los que van de enero a julio de 2012, se perdieron más de 10.500 empleos según los datos oficiales, 4.600 en personal docente no universitario).

Por otro lado, los estudios empíricos demuestran que tampoco es cierto que lo privado sea más barato y mejor. Se gasta más en sanidad y es más cara, por ejemplo, en los países que tienen más proporción en manos privadas. Y es indiscutible que la causa real de que aumente tanto la deuda pública en Europa no es que gastemos demasiado en servicios públicos sino los intereses que se pagan a los bancos privados por prohibir que el Banco Central Europeo financie los posibles déficits públicos. La prueba es que el saldo primario medio de los estados de la Eurozona (es decir, la diferencia entre sus ingresos y gastos descontando los intereses de la deuda) ha registrado siempre superávit desde 1996 a 2009.

Los trabajadores y empleados públicos son agentes y protagonistas esenciales en cualquier sociedad avanzada. Su función principal, el desempeño de los servicios públicos que la sociedad y el Estado prestan a los ciudadanos, resulta básica e insustituible. Los empleados públicos encarnan a la Administración haciendo posible las decisiones políticas y legislativas del Gobierno en sus distintos ámbitos, en cumplimiento de la misión constitucional de servir con objetividad los intereses generales actuando de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Cuestionar el papel de los empleados públicos significa poner en tela de juicio una serie de servicios públicos esenciales para la sociedad, tales como la educación y la enseñanza, la sanidad, los servicios sociales, la seguridad o  la justicia. De alguna manera, el trabajo de los empleados públicos viene a ser el mejor alegato contra “ese gran mito liberal de una sociedad autónoma que se autogobierna por el equilibrio de sus impulsos espontáneos” según palabras de un ilustre administrativista. Como se sabe entre los dogmas del liberalismo está el de “dejar obrar” o “no gobernar demasiado”, considerando la idea de que la Administración es un “mal necesario”, en lugar de pensar en la necesidad de una acción correctora o compensadora de desigualdades, promotora de bienestar, facilitadora o proveedora de bienes y servicios…

En España los funcionarios y empleados públicos acceden a sus puestos de trabajo mediante procedimientos objetivos de selección, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad demostrando su cualificación e idoneidad para el desempeño de su tarea. Un modelo, todo hay que decirlo, que contrasta con la discrecionalidad y falta de transparencia con que son incorporados técnicos, asesores, consejeros y otros cargos o puestos de confianza en otros sectores.

Además, la estabilidad y la seguridad (o inamovilidad) en el puesto de trabajo garantizan la independencia del empleado público y evita presiones políticas que atenten contra la neutralidad y objetividad que deben mantener en el ejercicio de sus funciones. Llama la atención por ello que desde determinados sectores y por parte de algunos líderes empresariales se cuestione esta situación, a la que se tilda de anacronismo o se considera casi como un privilegio.

Hay que destacar  que los servicios que prestan los empleados públicos a la sociedad son indispensables y contribuyen a promover la cohesión social, la equidad y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, al llevar los servicios esenciales a los lugares más recónditos del país, donde por cierto, no acudiría nunca una empresa privada por la escasa rentabilidad económica, bien lo sabemos en Castilla-La Mancha.

Por último, se ha pretendido también culpar en gran medida a los empleados públicos, de la difícil situación económica que atraviesa nuestro país, cuando lo cierto es que viene siendo uno de los colectivos más afectados por las severas políticas de austeridad puestas en marcha. La pérdida de derechos laborales, profesionales y retributivos, no se ha visto correspondida, lamentablemente, con recortes en otras partidas presupuestarias. Al mismo tiempo, en contra de lo que se dice de manera reiterada, la reducción en el número de empleados públicos que se ha llevado a cabo redunda inevitablemente en una merma de la calidad del servicio al ciudadano.

Por todo ello, en estos momentos de dificultad, consideramos casi una obligación cívica y moral contribuir a “la defensa de la dignidad profesional de los empleados públicos, la promoción y el fomento del conocimiento del trabajo que desarrollan y la defensa de unos servicios públicos de calidad y accesibles a toda la ciudadanía.” [En negrilla unas líneas de los Estatutos de la Asociación “Público y Calidad”].

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¿Tutelando el interés público?

“…en democracia la batalla sigue teniendo sentido contra una nueva dictadura: la del mercado como elemento inteligente protegido por una importante pandilla de políticos borricos”.

Manuel Vázquez Montalbán

Milenio Carvalho. Ed. Planeta, 2004

“Abrumadas por el endeudamiento, con la tesorería rendida, exhausta la confianza de sus prestadores y fiadores, con gobiernos del Estado que las culpabilizan del gasto (en buena parte para eludir sus propias responsabilidades), las CCAA buscan desesperadamente aumentar sus ingresos y reducir sus gastos. Así que era esperable que los servicios regionales de salud -al margen de que también desarrollaron su propia burbuja y cuentan con su propia crisis endógena- sean radiografiados una y otra vez buscando oportunidades de reducir el gasto público.”

Salvador Peiró.

 Para salir del hoyo, lo primero es dejar de cavar. Aten Primaria. 2012.

Con la de cosas que están ocurriendo en la sanidad española tiende uno a pensar que su capacidad de asombro es limitada y que pocas cosas pueden ya sorprendernos a estas alturas. Craso error: la actualidad se supera a sí misma y la realidad es más llamativa que cualquier ficción que pudiéramos imaginar. He aquí un buen ejemplo:

En Acta Sanitaria (1/10/2012) explican que “Los gerentes de los centros sanitarios valencianos trabajarán tutelados por consultoras privadas”.

“Gestión compartida” es la denominación que han dado a este modelo (?), según el cual el Gobierno de la Comunidad Valenciana delega la gestión de la Sanidad en consultoras privadas. Contratará a varias consultoras privadas (entre tres y siete) para que estudien  y aconsejen en qué partidas de la sanidad pública se podría ahorrar. Su labor consistirá en asesorar sobre la aplicación de ‘criterios empresariales’ en la gestión de los hospitales y centros de salud. Las empresas cobrarán más cuanto más ahorro consigan, y desarrollarán su trabajo durante al menos dos años, prorrogables a otros dos. Cada gerente de cada departamento sanitario tendrá “empotrada” una de estas empresas, que le propondrán constantemente fórmulas para recortar el gasto. La decisión final de aplicar estas medidas o no será de los directivos sanitarios públicos que, según el Conseller de Sanitat, necesitan "instrumentos", es decir empresas, que les orienten para "gestionar mejor los resultados de su actividad", detectar las bolsas de ineficiencia del sistema y corregir la variabilidad en la práctica sanitaria. Ello producirá ahorros para el sistema público y, además, redundará también en mejores retribuciones para el personal sanitario, que cobrará en función de nuevos incentivos según la productividad.

Este es uno de los pilares del “nuevo” modelo sanitario: los incentivos de los profesionales estarán relacionados con una correcta gestión. La Conselleria de Sanitat prevé una nueva regulación de la productividad que contempla cuatro subsistemas: productividad por cumplimiento de objetivos; por actividades que generen mayor eficiencia; por actividades fuera de la jornada establecida; y la productividad específica para incentivar al personal estatutario que presta servicios en áreas cuya gestión realiza un operador externo. Como recordaba Sergio Minué (@sminue) en una entrada de su blog hace unos meses, sobre este tema, no estaría de más que antes de introducir (nuevos) mecanismos de incentivación profesional, se preguntaran por su utilidad y los efectos y consecuencias de los mismos.

En conjunto, la aplicación del modelo de gestión compartida se centra en cinco aspectos:

- Agrupación de servicios generales

- Establecimiento de una Unidad Central Logística sanitaria

- Estrategia de la gestión: modelo de incentivos

- ‘Gestión compartida’ en servicios complementarios

- Creación de la Comisión Mixta del modelo de ‘gestión compartida’

Se prevé agrupar la gestión de los servicios generales de todas las instalaciones sanitarias (seguridad, restauración, lencería y lavandería, mantenimiento, equipamiento, teléfono, etc.) e incluirá la tasa de explotación de los locales (quiosco, cafeterías, etc.). Se trata del primer contrato de gestión integral (horizontal: varios hospitales y vertical: todos los servicios) del sector sanitario público en España.

La gestión de los productos de logística de las instalaciones sanitarias se integrará en un único contrato por cada provincia, con el objetivo de que progresivamente se cree una Unidad Central Logística sanitaria para toda la Comunidad. Engloba el almacenamiento de materiales sanitarios, productos farmacéuticos y otros aprovisionamientos y distribución a centros de actividad.

En el marco de este nuevo modelo de gestión, se hará una revisión global de contratos de gestión de servicios públicos de prestación sanitaria de carácter horizontal (transporte sanitario, oxigenoterapia y terapia respiratoria, hemodiálisis y resonancias magnéticas), transformándolos en nuevos modelos de contratos de “tarifa plana”, con precios integrales por proceso o por usuario mediante acuerdos de riesgo compartido entre Administración y empresas.

Una Comisión Mixta creada al efecto, con funciones consultivas, de integración y asesoramiento, se encargará de controlar el correcto funcionamiento del sistema. Actuará en el ámbito de cada uno de los contratos y estará compuesta por la Gerencia de los Departamentos de Salud, el adjudicatario de servicios generales, logística y desarrollo estratégico.

En realidad, la propuesta original era diferente. La Conselleria pretendía sacar a concesión la gestión de las 18 áreas de salud —excluidas las seis del “modelo Alzira”—. El concesionario, que estaría encargado de gestionar todos los servicios no sanitarios y concertados —como ambulancias, hemodiálisis, RMN— trabajaría directamente en contacto con el responsable del área sanitaria para frenar y reducir el gasto. Ahora ya no será así; se contratarán consultoras para buscar mecanismos de ahorro y que los profesionales se impliquen en la sostenibilidad del sistema sanitario.

Con la idea previa se pretendía recaudar 180 millones de euros anuales de las empresas concesionarias, ahorrando otros 263 millones en cada ejercicio con las mejoras de funcionamiento. La nueva propuesta prevé una reducción del gasto de 174 millones de euros al año.

La privatización integral del sistema, excepto la parte asistencial, se pensó para un periodo de diez años, prorrogables por otros cinco, y tenía que entrar en vigor en enero de 2013. Ahora se prevé que los contratos entren en vigor en marzo de 2013. El vínculo con las consultoras será por dos años, prorrogables por otros dos; las empresas que se queden con el servicio de logística tendrán contrato por seis años, prorrogables por otros cuatro. El resto de los contratos de prestación de servicios se unificarán cuando terminen o se renegociarán a la baja, con topes de gasto para evitar desviaciones en el presupuesto dentro de “un proceso continuo”.

El cambio del modelo inicial, que el Gobierno valenciano consideraba “irreversible” en abril pasado, ha venido forzado por varias causas: Por un lado la exigencia de los posibles concesionarios de tener el control sobre el personal médico, a lo que la Consejería se ha negado. Por otro lado, las dificultades económicas y las resistencias de las empresas privadas a pagar un canon tan elevado y por adelantado. Y, finalmente, las complicaciones jurídicas de un modelo hasta ahora inédito en España.

No deja de resultar pintoresco y llamativo que el Departamento de Sanidad admita públicamente su incapacidad para ejercer su cometido (reconoce que hay funcionarios que podrían hacerlo, pero “no tienen las herramientas” ni “el tiempo”) y delegue así su principal obligación -la de gestionar los recursos públicos con eficiencia- en empresas privadas, a las que pagará con dinero público por ello. Porque, en resumen, eso es lo que viene a decir: ‘no somos capaces de gestionar la sanidad valenciana y debemos pedir a otros que nos supervisen y nos ayuden a hacer nuestro trabajo’. Además, será algo así como poner en práctica el milagro de los panes y los peces, como dicen con no poca sorna en Espai Valencià: “…ahorrando 1.745 millones de euros en diez años desde marzo de 2013, no solo no se reducirá en lo más mínimo la asistencia sanitaria pública —justita— que ahora se ofrece, sino que además de seguir cobrando todo el personal ineficaz colocado por la Generalitat para administrar la sanidad valenciana, también obtendrán beneficios los gestores privados que vengan a hacer el trabajo que no saben desempeñar los anteriores.”

Algunas consideraciones sobre eficacia, interés general e interés público

Hace años que el utilitarismo y el pragmatismo se han convertido en el telón de fondo y principal ‘leiv motiv’ de la administración moderna y de los servicios públicos, también en la sanidad. La lógica de la eficacia y la eficiencia se han instalado en el contexto de las relaciones de producción, y de la prestación de servicios, sea en el ámbito público o privado. Desde principios de los años 80’s del pasado siglo la noción de eficacia se estableció como un valor clave en el ámbito de la gestión. Antes prevalecía más el ser meticuloso, respetuoso, diligente, riguroso y hasta honesto; hoy lo que importa es el resultado, lo “eficaz”, y al menor coste posible de recursos, es decir siendo eficiente.

El utilitarismo nació en la Inglaterra del s. XVIII en oposición a toda una tradición filosófica que culmina con Kant. Para éste, el valor de una acción no se mide por sus consecuencias (su utilidad), sino por la intención que la anima y por el principio moral que la rige; el fin no puede justificar nunca los medios. Por el contrario, el utilitarismo sostiene que solo es ‘verdadero’, solo es ‘bueno’ lo que es útil. Valora el espíritu de iniciativa, el riesgo como pauta de comportamiento y conducta y la competencia con vistas a la optimización del conjunto de la vida en sociedad. En esas estamos aún.

Fijémonos ahora en el concepto de interés público que surge también, como pilar fundamental de la actuación administrativa, en el derecho francés del s. XVIII y, desde el principio, aparece confrontado con dos concepciones sobre el interés general. Una, la que entiende que el interés general no es más que la suma agregada de los intereses particulares, y la otra, que expresa que el interés general es la misión encomendada al Estado, y que estos fines deben prevalecer e imponerse a los intereses de los individuos, y que representan la voluntad popular. Esta idea supone que el concepto debe ser definido en cada momento por el legislador, la Administración debe aplicarlo en cada caso concreto y los jueces deben velar, en su caso, por la correcta aplicación de la norma de acuerdo con el interés público. A través de este proceso, normativo, administrativo y judicial es como va evolucionando el interés público.

Pueden rastrearse en sus orígenes dos concepciones del interés general: la utilitarista y la liberal. La primera se basa en la idea de que no es necesaria la intervención del poder político para regular las relaciones entre los individuos, y que la mejor manera para conseguir el interés general es procurar que cada individuo satisfaga sus propios intereses. Esta concepción va unida al liberalismo económico, que defiende que el interés general radica en la prosperidad económica.

La segunda concepción se basa en la idea de que existe un interés común superior al interés personal, siendo necesario que el Estado establezca y regule el orden social para la realización de estos fines mediante la ley. Ésta no es sino la expresión de la voluntad popular, que sobrepasa y supera la voluntad de los individuos.

El intento de conciliar ambas teorías, predominando una u otra, ha orientado a los gobiernos hacia políticas más liberales o más intervencionistas según los casos.   

El interés general justifica pues, toda la actividad administrativa y representa a la vez un límite a la misma. Surge de aquí la noción de servicio público, fundamentado en la necesidad de servir los intereses de la comunidad. Sin interés general no existe el servicio público, ya que éste no responde a la voluntad arbitraria de la Administración, sino a la percepción que tiene ésta de cuáles son los intereses generales.

Llegados a este punto hay que convenir que la utilización de medios de gestión privada por la Administración debe responder a satisfacer mejor las necesidades y demandas de los ciudadanos en la prestación de determinados servicios públicos. Se trata por tanto, de responder mejor al interés público (general).

El interés público se refleja en muchas de las instituciones, principios y elementos del derecho administrativo, (sí, ese del que todos parecen huir): la motivación de los actos administrativos, la solidaridad, los principios generales de la actuación administrativa (eficacia, independencia y profesionalidad, transparencia, coherencia, proporcionalidad), el procedimiento administrativo, la contratación administrativa con los principios de publicidad y concurrencia, etc. Con respecto al tan denostado procedimiento administrativo, considerado lento, poco eficaz e incluso inútil por algunos ágiles gestores, no está de más recordar que su objetivo no es otro que garantizar a través de sus fases, que la Administración en la actuación que está llevando a cabo, -y que acabará siendo un acto administrativo-, se realiza de acuerdo con el interés público.

Uno se pregunta donde quedan todas estas cuestiones apuntadas y cómo se pueden encajar a la hora de analizar y valorar la propuesta aprobada por el Consell de la Generalitat Valenciana, y si el interés público puede ser “tutelado” por el sector privado, cuya finalidad y objeto, legítimo claro está, es el lógico beneficio económico. Pero, de entrada, es cuanto menos extraño poner en manos de unas empresas externas toda la información, datos económicos, asistenciales, cuadros de mando, etc. de los departamentos sanitarios. No todo vale en esa alocada carrera en busca de oportunidades de reducir el gasto público. Porque los garantes del interés general, en este caso el servicio público sanitario, son los responsables públicos, no las empresas privadas, y son ellos finalmente quienes deben rendir cuentas y dar explicaciones.

En fin, no sé como se tomarán los gerentes sanitarios valencianos, (directivos públicos, no lo olvidemos), el hecho de tener unos “hombres de negro” mirando por encima de su hombro, supervisando su labor diaria y la toma de decisiones, pero más bien parece el comienzo de un camino hacia la irrelevancia…

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Pesimismo social

    Protesta frente al Hospital La Paz de Madrid. Enero, 2012. Foto: Álvaro García

No hay nada que pueda compararse con el valor de las gentes normales, cuyos nombres son desconocidos y cuyos sacrificios pasan inadvertidos.

Aung San Suu-Kyi

Premio Nobel de la Paz, 1991



Como se sabe, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de la Presidencia. Entre sus funciones se encuentra la de recoger los datos necesarios para realizar estudios en ámbitos muy diversos, desde la evolución de la opinión pública a la investigación aplicada. Es conocido principalmente por la realización de encuestas que permiten avanzar en el conocimiento científico de la sociedad española y su evolución a lo largo del tiempo.

Los barómetros son encuestas de opinión que, con periodicidad mensual, se realizan para hacer el seguimiento de las opiniones y actitudes de la sociedad española ante distintas situaciones o acontecimientos de la actualidad. Para ello, se entrevista a una muestra  de unas 2.500 personas elegidas al azar dentro del territorio nacional. Además de sus opiniones se recoge una amplia información social y demográfica para su análisis.

Algunas preguntas de los barómetros se vienen repitiendo con una periodicidad más o menos fija, lo que da lugar a las correspondientes series temporales, pues se obtienen mediante una metodología similar y las cifras resultan comparables a lo largo del tiempo.

Una de las preguntas que se repite es la valoración acerca de cuáles son los tres principales problemas que existen actualmente en España, según la percepción de los ciudadanos en cada momento. El paro, los problemas de índole económica y la clase política, -los partidos políticos-, son percibidos como los tres primeros problemas en orden decreciente.

Hace justo un año, en el barómetro del mes de febrero de 2011 la sanidad aparecía citada en un 2.9 % de las ocasiones por los encuestados, lo que la situaba en un orden decreciente como el problema número 14. Un año más tarde, en el barómetro de enero de 2012, la sanidad aparece situada en el quinto lugar de las preocupaciones de los encuestados, que lo citan en un 8.1 % de las veces.

Pero hay más. Otra de las preguntas de este mismo barómetro del mes de enero es la siguiente:

A continuación voy a citarle una lista de temas que preocupan hoy a la gente. ¿Cree Ud. que cada uno de estos problemas, durante el año 2012 mejorará o empeorará?

Como se ve, no deja de resultar (muy) llamativo que más de un 55 % de la población considere que la asistencia sanitaria estará mucho peor dentro de 12 meses, (y que empeorará aún más que otros problemas tan serios como el paro, la vivienda, la educación, las pensiones o la inseguridad ciudadana).  

¿Cuáles son las razones de que se haya instalado este clima de pesimismo social? ¿Por qué esta preocupación por la asistencia sanitaria y el futuro de la misma?

Un breve repaso a algunas de las noticias sobre sanidad aparecidas en los medios de comunicación tan solo en los últimos siete días, puede dar algunas pistas:

7 de febrero

·    Ana Mato y Feijóo piden “medidas valientes” para salvar la sanidad pública. El presidente advierte de que “hay más problemas que nunca”. [Ignoramos a qué se refieren esas “medidas valientes”].

8 de febrero

·    Los médicos de Castilla y León irán a la huelga contra el aumento de jornada. Los paros, de jornada completa, comienzan el 28 de febrero y durarán 11 días.

·    El Hospital de La Seu d’Urgell opera antes a los pacientes de pago que a los públicos: Una mujer se salta siete meses de lista de espera al recurrir a un seguro privado.

9 de febrero

·    Los recortes abren una sanidad a dos velocidades en Cataluña: Los ajustes llevan a los hospitales a operar antes a los pacientes dispuestos a pagar.

·     La dualización sanitaria ya está aquí. Artículo de José Ramón Repullo.

10 de febrero

·     Enfermo, en el pasillo y sin manta: El servicio de urgencias del hospital Sant Jaume de Calella tiene a los pacientes en camillas y tapados con toallas.

11 de febrero

·    Castilla-La Mancha entrega cuatro hospitales públicos al sector privado. La entrega de porciones de la sanidad pública al sector privado mediante concesión administrativa sigue ganando adeptos.

12 de febrero

·    Caridad en la sanidad pública: Un médico del sistema público opera gratis a una paciente en una clínica privada. El hospital habría tardado más de dos años en intervenirla (aunque el alquiler del quirófano le ha costado a la enferma 1.200 €).

13 de febrero

·    Los centros de salud valencianos cerrarán los sábados.

·    Las quejas por retrasos en la sanidad pública se duplicaron en 2011. El ‘Síndic de Greuges’ registró el año pasado el doble de quejas por retrasos en las listas de espera de la sanidad en 2011 respecto al año anterior.

14 de febrero

·     Los médicos se rebelan ante los recortes. Un manifiesto de los colegios profesionales de médicos reafirma su compromiso de impedir que afecten a la atención a los pacientes.

·    Una carta de un facultativo, en la que explica cómo le afectan las “medidas de austeridad”.

Como se ve, una semana da para mucho. A la vista de este amplio muestrario (de horrores), inimaginable hace solo unos meses, parece razonable y lógica esta preocupación ciudadana. Cada vez son más los que creen que se están desmontando, pieza a pieza, los sistemas de protección pública, tal como los hemos venido conociendo hasta ahora…Tal vez debiéramos buscar antídotos contra esta obstinada realidad…

“Enfermedad social" (?)

                                                                                              Foto: Sergei Ilnitsky (EFE)

“Guió don Quijote, y habiendo andado como doscientos pasos, dio con el bulto que hacía la sombra, y vio una gran torre, y luego conoció que el tal edificio no era alcázar, sino la iglesia principal del pueblo. Y dijo: -Con la iglesia hemos dado, Sancho.”

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Vol. II, Cap 9

El art. 103 de la Constitución Española establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Recoge además que la Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

En el momento actual esta norma es la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. En ella se reconocen, como fundamentos de la actuación de los empleados públicos, los del servicio a los ciudadanos y a los intereses generales, que vienen garantizados, entre otros, por los siguientes principios: igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional; sometimiento pleno a la Ley y al Derecho; objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera; el desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos, así como la transparencia, la evaluación y responsabilidad en la gestión.

A estas alturas (casi) resulta ocioso señalar que la Administración Pública constituye un elemento esencial en las sociedades modernas, determinante de su desarrollo económico, social y cultural, de su nivel de cohesión ciudadana y del grado de desarrollo efectivo de los derechos y libertades individuales y colectivos.

En la mayoría de los países desarrollados y en las sociedades democráticas y avanzadas la existencia de un sector público eficaz es vital para garantizar la prestación de unos servicios y prestaciones que se consideran básicas para satisfacer determinadas necesidades e intereses generales de los ciudadanos, cumpliendo una función económica y/o social (educación, sanidad, vivienda, transporte, comunicaciones, etc.). En este sentido, una buena gestión financiera, una eficiente administración pública y la política administrativa, una recaudación justa y equitativa de impuestos, operaciones transparentes y libres de corrupción, (lo que se identificaría en términos generales con el “buen gobierno” de las instituciones), contribuyen a una buena prestación de servicios públicos.

A pesar de todo, desde hace décadas, casi desde el “Vuelva usted mañana” de Mariano José de Larra,  la opinión pública y los medios de comunicación han venido reproduciendo una serie de lugares comunes y estereotipos que asocian la imagen del funcionario con la caverna, con gente gris, mediocre, con pocas expectativas, con un trabajo rutinario y una paga escasa aunque segura…

En fechas cercanas, como consecuencia de la crisis económica y de la gran recesión en que nos encontramos, parece que desde determinados sectores se intenta desprestigiar a los empleados públicos ante los ciudadanos, afirmando que son muchos, trabajan poco, no son productivos y tienen un estatus privilegiado por contar con un empleo estable. Los datos internacionales comparados indican justamente lo contrario, aunque se pretende generar un cierto clima de hostilidad e incluso beligerancia hacia la función pública, con algunas declaraciones que son auténticas “perlas”.

Las manifestaciones más recientes han sido por cuenta del arzobispo de Granada, un personaje cuya trayectoria pública es bastante controvertida. En el transcurso de la homilía de la festividad de San Cecilio, afirmó: “Querer ser funcionario es una enfermedad social”

"Hay que cambiar la mentalidad de ser un pueblo subsidiado, que siempre busca la solución en que me solucionen otros el problema".

Recordando las encuestas que hizo entre estudiantes universitarios cuando estaba recién nombrado obispo, continuó diciendo que “…un porcentaje muy alto, cercano al ochenta por cierto, de los chicos buscaba ser funcionario. Eso es una enfermedad social" [sic].

También señaló que, desde que ha empezado la crisis, la sociedad es heredera de una "cierta tradición paternalista", en la que todos esperan que los problemas los resuelvan las autoridades. Por todo ello, apostó por un "cambio de cultura", lo que a su juicio también tiene que ver con la fe, y una "cierta capacidad de riesgo" que sería necesario recuperar como signo de la identidad cristiana [sic]. Como era de esperar, sus palabras han dado lugar a otras reacciones.

De poco prudente, escasamente caritativa y generosa puede calificarse la trayectoria pública de este monseñor, cuya propia página Web recoge toda su peripecia y andadura con una enjundia no exenta de cierta vanidad y soberbia, (impropias seguramente de un pastor de la Iglesia).

Se trata de uno de los prelados más controvertidos de la Iglesia en Andalucía. Cuando se implantó la asignatura de Educación para la Ciudadanía hizo una llamada a la 'desobediencia civil'. Ya en 2007 se convirtió en el primer prelado de la Iglesia católica en ser enjuiciado y condenado en un tribunal civil por coacciones e injurias a un sacerdote que había escrito un libro al que retiró el apoyo de la archidiócesis en cuanto tomó posesión de la sede. Con cierta periodicidad ha protagonizado notables polémicas con declaraciones como la de atribuir la extensión del virus del sida en África al empleo masivo de preservativos. Más palabras que dañan, hieren e incluso matan...

Cabría pensar que todo esto forma parte de una cierta estrategia u operación de distracción ante otros problemas bastante más graves y preocupantes en los que se encuentra ‘empantanada’ la jerarquía eclesiática, como reflejan algunos titulares de prensa: “Las mismas manos que abusaban de mí me daban de comulgar”.

Y es que algunos parecen creer que ser bueno consiste en arrepentirse del mal que causan…

Tal vez no esté de más recordar que son funcionarios o empleados públicos la gran mayoría de los profesionales de la salud, como médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, técnicos, (y tantos otros(as) en el ámbito sanitario), también los epidemiólogos, veterinarios y técnicos de salud pública; los empleados del registro civil y de los ayuntamientos más pequeños, los bomberos, policías, los maestros, profesores o catedráticos de Universidad; el personal de salvamentos, rescates o emergencias, los jueces, fiscales, abogados del Estado, notarios y registradores; los estadísticos, los empleados del Banco de España, los militares y la Guardia Civil; el cuerpo diplomático, los técnicos comerciales del Estado o los miembros del Centro Nacional de Inteligencia…

¿Alguien se imagina un país desarrollado sin estos empleados públicos?

Precisamente dos reconocidos expertos en el campo de la administración pública (en lo que dio en llamarse “gobierno empresarial”), David Osborne y Peter Plastrick en su libro La reducción de la burocracia: Cinco estrategias para reinventar el Gobierno (Barcelona, Paidós. 1998) tras desarrollar sus tesis y propuestas estratégicas para la “reinvención del gobierno”, llegan a la siguiente significativa conclusión:

“En una sociedad que desdeña a los funcionarios por considerarlos burócratas holgazanes y egoístas, resulta difícil (no imposible, pero sí difícil) crear una cultura de corte empresarial, centrada en el cliente y dedicada a la consecución de resultados. Si queremos tener semejantes organismos, debemos comenzar por tratar a nuestros funcionarios con respeto. Esto exigirá la asunción de unos cambios enormes por parte de nuestros políticos, nuestros medios de comunicación y nuestros ciudadanos. Pero hubo una época en la que la profesión de funcionario era considerada hermosa y no hay motivo por el que no pueda ser considerada otra vez de ese modo. La verdad es que la mayoría de los funcionarios son individuos trabajadores y entregados. Como ya hemos dicho antes en muchas ocasiones, la mayoría de los funcionarios son buenas personas atrapadas en los sistemas. Si podemos cambiar estos sistemas y demostrar que el gobierno puede “generar excelencia”, quizá incluso los medios de comunicación se muestren dispuestos a renunciar a sus chivos expiatorios favoritos y reconocer el valor de la calidad cuando la vean”.

En fin, una vez más podría aplicarse aquí sin duda la conocida frase de Manuel Azaña en la que sostenía que: 'Si los españoles hablaran solo de lo que saben, se haría un gran silencio nacional que podríamos aprovechar para estudiar'.