martes, 12 de mayo de 2015

Ante las Elecciones. Propuestas sobre la Sanidad (y V)

Viñeta de El Roto. EL PAÍS, 25-3-2015

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) hace público en estos días un documento imprescindible y oportuno: (Posicionamiento de SESPAS en el año electoral de 2015.Protege tu salud con tu voto) en el que recuerdan el principio de Salud en todas las políticas muestra que la salud no sólo depende de la asistencia sanitaria: ganamos y perdemos salud con todas las decisiones que toman los gobiernos municipales, autonómicos, el nacional y cada vez más también en la esfera internacional. Por ello, de cara a las Elecciones Autonómicas y Municipales, invitan a valorar críticamente y contrastar los diferentes programas electorales con las propuestas recogidas en el documento. Su meta no es otra que la mejora de la salud de la población, comprometidos con los principios que fundamentan la salud pública: la justicia social y la aplicación efectiva de los derechos humanos.

Con ese mismo espíritu, hemos venido recopilando hasta ahora –con algunos breves apuntes y observaciones- las diferentes propuestas en materia de sanidad que los partidos políticos ofrecen en sus programas electorales. Acabamos aquí con esta serie de entradas del blog…

CIUDADANOS (C’s)

En su ideario explican que son el fruto maduro de una reacción ciudadana que tiene su origen en Cataluña y que posteriormente se proyecta a toda España. Plantean cuatro líneas de actuación básicas:

1.      Defensa de los derechos individuales
2.      Defensa de los derechos sociales y del estado de bienestar
3.      Defensa del Estado de las autonomías y de la unidad europea
4.      Defensa de la democracia y regeneración de la vida política

En la segunda de estas líneas de actuación, Defensa de los derechos sociales y del estado del bienestar, señalan como principio de partida la necesidad de la intervención de los poderes públicos para asegurar la efectividad de los derechos sociales. Para ello, las redes públicas educativas, asistenciales y sanitarias, a las que puedan acceder todos los ciudadanos con independencia de su capacidad económica, deben tener un alto grado de calidad para así evitar desigualdades que generen exclusión social.

En la página Web encontramos una serie de propuestas sanitarias que luego desarrollan más en detalle (los subrayados son nuestros):


Defendemos una sanidad pública, universal, eficiente y de calidad.

        Exigimos una gestión eficaz y transparente.
        Racionalizaremos el gasto sin perjudicar a los ciudadanos.
    Delimitaremos la sanidad pública y la privada a nivel orgánico, administrativo y de gestión.
        Mejoraremos la atención primaria.
        Optimizaremos el tamaño de los hospitales.
        Regularemos la demanda priorizándola según las necesidades.
        Incentivaremos al personal y penalizaremos el absentismo.

C’s defiende un sistema sanitario público y universal de salud que garantice el acceso a una asistencia y cobertura sanitaria eficientes y de calidad a todos los españoles con independencia de su lugar de residencia como uno de los pilares del Estado social y de bienestar español.

La salud es fundamental para el bienestar de las personas. Por ello C’s quiere un sistema sanitario que, además del tratamiento de las enfermedades, se ocupe de la prevención, los hábitos saludables, la rehabilitación, la asistencia y la investigación.

El modelo actual necesita de reformas estructurales factibles, con un impacto importante en la reducción del gasto que buscan desarrollar un servicio de salud sostenible y solvente.

Estas consideraciones iniciales se desarrollan posteriormente en un decálogo que contempla una serie de medidas muy genéricas y poco concretas entre las que se alude al establecimiento de indicadores de calidad y eficiencia que permitan la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía Se habla de mejorar la financiación del sistema -de base capitativa-, aunque en ningún momento se indica expresamente que se hará mediante impuestos ni se habla de la gratuidad de los servicios o prestaciones; (aunque se alude a la implantación de un posible copago con carácter disuasorio y reembolsable según la gravedad). Reorganizar y concentrar servicios, adecuar el tamaño de los hospitales, mejorar la atención primaria para reforzar su papel como filtro de la especializada (sic), coordinar niveles, revisar las actividades preventivas y/o asistenciales que no aporten valor, regular la demanda y promover la evaluación de tecnologías sanitarias para su posible incorporación con criterios de coste-efectividad. Con respecto al personal, se propone incrementar los incentivos económicos a la productividad, fomentar la exclusividad en el sector público e incluir mecanismos de autonomía de gestión profesional. Finalmente, plantean corresponsabilizar a los pacientes y fomentar “cambios culturales” que contribuyan a la propia transformación del sistema.

Literalmente:   

1.      Transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.
Supone que los responsables que gestionan los centros y las áreas rindan cuentas a quien financia sus actividades y, por supuesto, que los responsables de mayor nivel fijen criterios claros de actuación basados en indicadores de calidad y eficiencia y rindan cuentas a la ciudadanía de su labor.

2.      Mejoras en la financiación.
La financiación debería ser capitativa, consistente en asignar al conjunto de proveedores de cuidados de una zona geográfica determinada, un fondo económico por cada persona de dicha zona que está incluida dentro de la población protegida, durante un periodo determinado, normalmente de un año. Se deben establecer indicadores de salud poblacional y de calidad de la asistencia prestada que permitan recompensar a aquellas organizaciones que mejores resultados obtengan.

3.      Concentración de servicios y optimización del tamaño de los hospitales.
La reorganización de servicios debe basarse en evidencias sobre la relación entre volumen, resultados y costes, repensando tanto los hospitales muy pequeños como los demasiado grandes y definiendo mejor los niveles asistenciales (p. ej., no hacer cirugía ambulatoria en hospitales universitarios), desarrollar sistemas multihospital para concentrar servicios comunes como anatomía patológica, laboratorio, etc. y coordinar compras, evitando el fraccionamiento de los sistemas de información por comunidades autónomas.

4.      Políticas preventivas y asistenciales.
En el campo de políticas preventivas y asistenciales es necesario adoptar medidas que tengan por finalidad la reducción de: a) actividades preventivas que no aportan valor asistencial añadido (chequeos, revisiones de empresa, etc.), especialmente en la propia Administración y orientar las citadas políticas hacia segmentos poblacionales donde se ha demostrado su efectividad; b) de pruebas diagnósticas sin clara respuesta terapéutica asociada; c) mejoras de calidad asistencial para reducir complicaciones y efectos adversos; d) de limitación del esfuerzo terapéutico fútil o inútil redefiniendo los procesos terminales y rediseñando las alternativas de prestaciones.

5.      Regulación de la demanda.
La regulación de la demanda no puede basarse en el copago. Este puede suponer una barrera de acceso a los servicios sanitarios de personas que realmente los necesiten. Se hace necesaria: a) la priorización según necesidades: urgencias, exploraciones, visitas, intervenciones, priorización listas de espera, cartera de servicios; b) implicación de los pacientes en sus propios cuidados, especialmente con enfermedades crónicas e implicarlos en la práctica de hábitos saludables invirtiendo en prevención y educación en salud; c) medidas enfocadas a evitar duplicidades en pruebas, visitas u otros servicios; d) reducir la utilización intensiva de algunos servicios como las urgencias hospitalarias filtrando los casos banales y disminuir las derivaciones; e) implantar y extender la utilización de las tecnologías de la información y comunicación para todo tipo de gestión de la demanda incluyendo la sustitución de la visita cara a cara. El copago solo podría ser utilizado como un elemento disuasorio en aquellos pacientes menos graves que tengan la posibilidad de administrar mejor el uso de medicamentos o servicios sanitarios, y se establecería mediante un copago reembolsable.

6.      Evaluación de tecnologías y medicamentos, e incorporación a la cartera de servicios.
En primer lugar desde C’s pensamos que la definición de la cartera de servicios debe estar basada en la evidencia, Asimismo, la priorización y financiación de la incorporación de tecnologías y medicamentos a la cartera de servicios se realizará en función de su efectividad y coste-efectividad por lo que los nuevos procedimientos diagnósticos o tratamientos deberán acompañarse de su presupuesto y financiar los fármacos nuevos sólo en las indicaciones aprobadas. También pensamos que se ha de abordar la racionalización de los tratamientos de gran coste unitario y pequeños beneficios y de los tratamientos emergentes o de efectividad dudosa.

7.      Mejora de la atención primaria y coordinación entre niveles asistenciales.
Es imprescindible aumentar el presupuesto de la atención primaria para reforzar el papel de la misma como filtro de la especializada y puedan realizarse pruebas diagnósticas evitando así derivaciones a la especializada. Asimismo se hace necesario realizar una política de servicios basada en la atención primaria para atender enfermedades crónicas y reducir hospitalizaciones.

8.      Políticas de personal.
En este campo consideramos medidas destacables: a) incrementar los incentivos económicos a la productividad así como fomentar la exclusividad en el sector público; b) Incluir mecanismos de autonomía de gestión profesional que permitan tomar mayor responsabilidad a los profesionales en la gestión de la demanda; c) cambios en la distribución porcentual de las plantillas entre sanitarios y no sanitarios así como en la formación de grado y en la residencia; d) descentralizar la contratación a nivel de centros; e) combatir la endogamia y la falta de movilidad profesional; f) hacer más atractiva económica y socialmente la carrera profesional en atención primaria; g) penalizar el absentismo; y h) reorientar los incentivos a los profesionales para la innovación y la sustitución de tratamientos y pruebas diagnósticas obsoletos o antiguos.

9.      Mayor coordinación del sistema.
Intensificaremos la función del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como garante de la coordinación en la asistencia sanitaria en todo el territorio nacional, incluyendo la cartera de prestaciones sanitarias complementarias siempre que estos servicios demuestren su utilidad y necesidad. La coordinación que debe realizar el Estado persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando contradicciones, disfunciones e ineficiencias.

10.  Cambios culturales.
Otro pilar de la reformas es fomentar cambios culturales en la propia organización sanitaria y en la sociedad hacia formas menos “consumistas” de los servicios sanitarios: a) hay que introducir medidas orientadas a incrementar la autonomía de gestión y la responsabilidad de las unidades clínicas; b) recuperar la función de autoridad sanitaria, saber quién prescribe qué y a quién; c) introducir medidas de desarrollo y difusión de análisis, e indicadores de productividad y costos, y la introducción de la competencia por comparación; d) desarrollar nuevas líneas de actividad para las enfermedades crónicas como telemedicina, atención domiciliaria, desde programas piloto a utilización masiva.

Aunque en el Programa Marco no se contempla nada al respecto, hace unos días el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid anunció que su programa incluye desprivatizar cuatro hospitales, revisando el modelo de gestión 100% privada de los hospitales de Valdemoro, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Collado Villalba si gobierna o puede influir en el Gobierno autonómico.

Igualmente, considera prioritario la elaboración de un catálogo de servicios públicos, mediante una ley que regule, incluso reformando el Estatuto madrileño, los servicios básicos no privatizables, como educación y sanidad, impidiendo que puedan dejarse en manos de terceros. En su opinión, “la mejor demostración de que tenemos malos gestores es que quieren privatizar los sectores que deberían gestionar bien.”

 El programa sanitario de UP y D

En su página Web presentan un breve documento que se define como Programa Marco para las Elecciones Autonómicas y Municipales, cuyo objetivo es servir de guía para elaborar los programas autonómicos y municipales de las elecciones. Este Programa Marco propone los contenidos (mínimos) que deberían incluir, y una propuesta de ordenación de los temas. Es una herramienta orientativa, a disposición de los responsables de elaborar la ponencia del programa en cada ámbito territorial concreto:

Sanidad
1. Gestión de hospitales, centros de salud, empleo público, actuaciones autonómicas (revisión de derivaciones de pacientes desde la sanidad pública a la privada, historia clínica electrónica y receta electrónica).

2. Transparencia y evaluación de la gestión sanitaria (listas de espera diagnóstica y quirúrgica, gasto real y farmacéutico, evaluación y publicación periódica de resultados).

Allá donde existen, (como en la Asamblea de Madrid), los grupos parlamentarios de UP y D declaran expresamente su apuesta decidida por una sanidad pública universal, de calidad e igual para todos los ciudadanos.

En los programas autonómicos para cada territorio pueden verse las medidas concretas que se plantean. Así, entre las páginas 26 a 31 del Programa Electoral a las Cortes de Castilla-La Mancha, nos han llamado especialmente la atención las siguientes propuestas (que parecen claramente relacionadas):

    Devolución de las competencias de Sanidad al Estado Central: con el fin de restaurar un sistema sanitario común para todo el territorio nacional, basado en los principios de equidad, calidad, eficiencia y participación ciudadana.

      Proponemos un gran Pacto por la Sanidad Nacional consensuado por todos los partidos políticos representantes del conjunto de la sociedad española y con una hoja de ruta a corto, medio y largo plazo, no sujeto a los vaivenes del Gobierno de turno e intereses particulares del partido político gobernante en ese momento.

        Recuperar la cohesión y equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

        Gestión pública de la Sanidad pública.

     Creación de una Comisión Nacional de Supervisión del SNS constituida por un reducido número de expertos independientes que haga un análisis de la situación y proponga un Plan de Reforma a las Cortes. Este organismo tendría funciones permanentes para vigilar el cumplimiento de las propuestas y asegurar la calidad asistencial y el resto de principios rectores. Contará con la opinión de las Sociedades Científicas, Asociaciones de Pacientes y Familiares, y Organizaciones de Consumidores.

Algunos otros puntos destacables tienen mucho que ver con la situación actual del servicio sanitario público en Castilla-La Mancha y con la desafortunada gestión del mismo llevada a cabo:

     Profesionalizar los cargos de gestión del SNS mediante sistemas de acreditación profesional objetivos y mecanismos de selección que garanticen la adjudicación de plazas siguiendo criterios de méritos y capacidad. Ofrecer cursos de formación abiertos a todos los profesionales de la salud y no sólo a cargos de confianza ya predeterminados según afinidad política y además financiados con recursos públicos.
     Obligatoriedad de publicar las listas de espera de tratamiento quirúrgico, atención especializada y pruebas diagnósticas, con periodicidad mensual, con comparativa con otros centros de la misma comunidad y a nivel nacional, publicando qué número de pacientes son derivados a centros privados, los motivos y criterios seguidos para dicha derivación y qué coste económico representan.
    Exigir responsabilidades por la mala planificación y posterior actuación en la construcción y puesta en marcha del nuevo Hospital de Toledo, que está demorando su apertura con perjuicio de la asistencia a la población.

Finalmente, citamos el Programa Electoral a la Asamblea de Madrid en cuyas páginas 32 a 36 encontramos las propuestas relativas a la sanidad.

Se afirma textualmente que el Servicio Madrileño de Salud maltrata a los profesionales, al tiempo que ha sufrido durante años una gestión temeraria basada en criterios electoralistas que ha alcanzado su máxima expresión en la última legislatura. A este respecto, explica:

Se han inaugurado tres hospitales de gestión privada en el transcurso de una de las mayores crisis económicas que ha padecido nuestro país y mientras existen desviaciones importantes de los presupuestos sanitarios. Por otra parte, los intentos fracasados de privatizar la gestión sanitaria de seis hospitales públicos madrileños, de convertir el Hospital de La Princesa en un geriátrico, de implantar el ilegal euro por receta, y la gestión de la crisis del ébola son muestras de una política dogmática, errática, incoherente e ineficaz.

También plantean que para garantizar la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a la prevención, educación y atención sanitarias, evitando la fragmentación del SNS en diecisiete subsistemas independientes, se hace necesario:

Devolver al Estado competencias sanitarias para reconstruir un sistema sanitario armónico y garantizar la igualdad de derechos. El Gobierno de España debe tener competencia legislativa y de desarrollo plena, de forma que se ejecuten sus decisiones y pueda ejercer de forma efectiva la coordinación. Creemos necesaria una mayor colaboración entre las CCAA para unificar criterios y compartir procedimientos. Implantar principios rectores de racionalización del gasto, igualdad y equidad en las prestaciones a los pacientes en todas las comunidades autónomas, así como centralizar compras a nivel estatal para aprovechar economías de escala. Unificar elementos clave como la tarjeta sanitaria, los sistemas de historia clínica de Atención Primaria y Hospitalaria de las distintas comunidades autónomas, los sistemas de receta electrónica y el calendario vacunal. (sic)

Por último, una propuesta que sí nos parece digna de aplauso (y que todas las fuerzas políticas deberían hacer suya) es la de restablecer la Dirección General de Salud Pública en la Comunidad de Madrid, suprimida en su día por el Gobierno Regional. Es sencillamente bochornoso y lamentable que Madrid sea la única Comunidad Autónoma que no cuenta con un órgano directivo de este nivel para gestionar las competencias en esta materia.

Laus Deo...

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