viernes, 27 de septiembre de 2013

Disparates. Sobre #IIISEAUSEuskadi

"¿Otro modo de relación con el ciudadano?" es el lema con el que se han celebrado el 26 de septiembre, en San Sebastián, las III Jornadas de la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad (SEAUS) en el País Vasco. Las siguientes párrafos son prácticamente una transcripción de mi intervención en la Presentación de las mismas, como Presidente de la SEAUS.

«Vivimos tiempos difíciles y algo revueltos para el sistema sanitario público. Casi podría decirse que la realidad sanitaria está en llamas debido a los incendios que se vienen produciendo (provocando) en diferentes ámbitos y que finalmente a todos nos afectan.

Los sucesivos recortes presupuestarios iniciados con la aprobación hace ya casi un año y medio del Real Decreto Ley 16/2012, han supuesto un serio retroceso en la situación de la Sanidad Pública en España. La política de ajustes y de recortes ha afectado a todas las CCAA, pero su impacto ha sido muy distinto en unas u otras, en función del interés de sus responsables políticos por mantener y preservar la Sanidad Pública. En algunos casos muy destacados y reseñables se ha realizado una política menos agresiva en contra del sistema sanitario, de manera que la aplicación de las medidas ha tenido intensidad y calendarios distintos según las CCAA, por lo que la percepción de su efecto por parte de la población ha sido también distinta en cada territorio.

Hace unos meses el denominado Foro Vasco por la Salud, integrado por varias asociaciones y sociedades científicas del País Vasco, hacía públicas unas reflexiones en las que analizaba la situación de la sanidad y ofrecía una serie de propuestas, al tiempo que se pronunciaba abiertamente en contra de que la crisis económica pudiera transformarse en una crisis social como consecuencia de una política de austeridad que sigue afectando, una vez más, a quienes en principio, debido a sus condiciones sociales, gozan de peor salud.

Los firmantes de esa declaración, aun reconociendo que el sistema tiene un amplio margen para mejorar la efectividad y eficiencia, señalaban también que el coste del SNS es uno de los más bajos de los países de la Unión Europea, obteniendo unos buenos resultados en los indicadores de salud. Aunque sea necesaria una revisión del funcionamiento del sistema, es preciso no dejar de lado la valoración de los resultados alcanzados. Es verdad que se necesitan cambios, (la esencia de la gestión es precisamente gobernar el cambio), pero estos deben estar basados en una evaluación rigurosa de lo existente y en una propuesta clara y explícita de objetivos a alcanzar, fundamentalmente en términos de salud de la población.

La crisis económica está afectando más a las personas menos favorecidas de la sociedad y lo que obviamente sería muy preocupante es que los cambios introducidos en los sistemas sanitarios también castiguen a los mismos. El citado Real Decreto Ley 16/2012, eufemísticamente llamado “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” está suponiendo una menor accesibilidad a los más débiles (inmigrantes y personas en paro de larga duración, vagabundos, prostitutas, enfermos mentales sin familia, personas sin documentación, etc.), y ha establecido un sistema de copago farmacéutico en el que pensionistas con bajos niveles de ingresos están teniendo como mínimo que adelantar unas cuantías económicas que pueden ser muy elevadas en relación a sus ingresos. Ello está provocando en algunos casos que se abandonen los tratamientos farmacéuticos por no poder asumirlos económicamente. Es por tanto imprescindible analizar las consecuencias de su aplicación y proceder a su revisión en los aspectos que afecten a la equidad del sistema.

Hace unos días tenía ocasión de leer en un newsletter de una consultora de servicios sanitarios algunos resultados acerca de la reducción del gasto sanitario en España en los últimos años. Según ese estudio, la disminución provendría sobre todo del gasto en farmacia, de la atención primaria, del gasto en salud pública y de los gastos de capital. Sin embargo, como es sabido, los hospitales son el mayor componente del gasto sanitario y es donde existiría un mayor margen de mejora en su eficiencia. Con respecto al gasto farmacéutico, el 80% de su reducción sería imputable al efecto del copago, es decir a un cambio de financiador: en lugar de pagar el SNS paga el usuario/paciente (en un gran porcentaje atribuible a pensionistas con bajo poder adquisitivo); sólo el 20% sería atribuible a la disminución de la dispensación de recetas. Esto confirma una vez más que el efecto disuasorio de los copagos en sanidad es indiscriminado y, por lo tanto, más injusto e inefectivo. De hecho, lo más preocupante es que la literatura existente demuestra que el copago afecta por igual a los tratamientos de valor como a los de más dudosa utilidad.

La semana pasada el propio Departamento vasco de Salud publicaba una nota que confirma lo anterior: durante los meses de julio y agosto el Gobierno vasco recaudó 4.1 millones de euros por la aplicación en la comunidad autónoma del copago farmacéutico en cumplimiento del Real Decreto del Gobierno de España y el 90.6% de esos recursos correspondieron a las aportaciones que hicieron los pensionistas.

En resumen, no parece que la evolución que se observa esté contribuyendo a la tan cacareada sostenibilidad del modelo sanitario, sino que está sirviendo más bien a hacer pasar estrecheces al sistema y a sus usuarios.

La última vuelta de tuerca en esta deriva del SNS es la extensión del copago a una serie de fármacos que hasta ahora dispensaban de forma gratuita los hospitales a pacientes no ingresados. Este nuevo copago farmacéutico hospitalario afectará a un número importante de pacientes con enfermedades crónicas de larga duración (ver Resolución de 10 de septiembre de la D.G. de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia). La medida ha obtenido ya el rechazo generalizado de CCAA, pacientes, profesionales y partidos políticos.
El portavoz del Gobierno Vasco la calificaba como un auténtico “disparate desde el punto de vista humano, sanitario y administrativo” y comunicaba la decisión de no aplicarla, tanto por imposibilidad material como por el desacuerdo con la misma. Otras diez CCAA han manifestado también su desacuerdo con este nuevo recorte sanitario, de dudosa eficacia, cuya inoportunidad y falta de sensibilidad es más que evidente.

Estamos siendo testigos privilegiados, o más bien protagonistas, de una época en la que una frívola retórica plagada de términos como eficiencia, competitividad, productividad o sostenibilidad, se ha instalado en el discurso cotidiano de los servicios públicos en general y de la sanidad en particular, olvidando que el objetivo no puede ser la eficiencia, ni siquiera la sostenibilidad, el objetivo son los resultados en salud.

No sin cierta mordacidad la periodista Soledad Gallego-Díaz alertaba hace unas semanas en un artículo de opinión, (Las salidas estadísticas de la crisis. EL PAÍS, 8-9-2013), contra esa inane palabrería de los discursos excesivamente economicistas recordando que “la economía es una ciencia triste llena de profesores respetables y políticos espabilados” que pretenden hacernos “creer que estamos teniendo éxito económico porque los salarios son más bajos, las prestaciones sociales más pequeñas, el acceso a la educación está más restringido y la sanidad es más lenta.”

La crisis económica no puede servir de excusa para desmantelar los sistemas de protección social. Es precisamente cuando hay crisis económica cuando se hace más necesario garantizar los servicios y una serie de prestaciones sociales básicas como educación, sanidad, vivienda, trabajo, protección social o mínimo vital y atención a la dependencia. Es éste sin duda, el tiempo de los derechos sociales.

Lo cierto es que nos encontramos en una situación bastante crítica y complicada para nuestro sistema sanitario público. Lo que hasta hace apenas un par de años era un Sistema Nacional de Salud que se consideraba casi modélico y cuyos resultados eran comparables o incluso superiores a la mayor parte de los sistemas sanitarios de los países más avanzados, se ha convertido en un simple sistema de aseguramiento que ya no es universal, ni gratuito y desde luego es cada vez menos público.

Ojala que muchas de estas transformaciones sean reversibles a medio plazo, lo que solo podrá hacerse desde una actitud decidida y el compromiso de todos los agentes que trabajan e intervienen en el sector: políticos, profesionales, trabajadores, pacientes, usuarios y ciudadanos en general.

El hilo conductor que destaca el lema de las Jornadas: “¿Otro modo de relación con el ciudadano?” supone hablar, entre otras cosas, de las desigualdades y del principio de equidad, de cómo tener en cuenta la voz de los ciudadanos en las políticas de salud y también de su necesaria capacitación desde la perspectiva global de considerar la salud como un compromiso de todos.

Desde ese enfoque, tal vez no sea un mal momento para recordar las palabras del ilustre e influyente epidemiólogo Geoffrey Rose, desaparecido hace ya más de veinte años, cuando afirmaba que ''Los principales determinantes de la enfermedad son principalmente económicos y sociales, y por lo tanto sus remedios también deben ser económicos y sociales. La medicina y la política no pueden ni deben mantenerse separadas.»

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