jueves, 9 de febrero de 2012

“Enfermedad social" (?)

                                                                                              Foto: Sergei Ilnitsky (EFE)


“Guió don Quijote, y habiendo andado como doscientos pasos, dio con el bulto que hacía la sombra, y vio una gran torre, y luego conoció que el tal edificio no era alcázar, sino la iglesia principal del pueblo. Y dijo: -Con la iglesia hemos dado, Sancho.”
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Vol. II, Cap 9

El art. 103 de la Constitución Española establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Recoge además que la Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

En el momento actual esta norma es la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. En ella se reconocen, como fundamentos de la actuación de los empleados públicos, los del servicio a los ciudadanos y a los intereses generales, que vienen garantizados, entre otros, por los siguientes principios: igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional; sometimiento pleno a la Ley y al Derecho; objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera; el desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos, así como la transparencia, la evaluación y responsabilidad en la gestión.


A estas alturas (casi) resulta ocioso señalar que la Administración Pública constituye un elemento esencial en las sociedades modernas, determinante de su desarrollo económico, social y cultural, de su nivel de cohesión ciudadana y del grado de desarrollo efectivo de los derechos y libertades individuales y colectivos.

En la mayoría de los países desarrollados y en las sociedades democráticas y avanzadas la existencia de un sector público eficaz es vital para garantizar la prestación de unos servicios y prestaciones que se consideran básicas para satisfacer determinadas necesidades e intereses generales de los ciudadanos, cumpliendo una función económica y/o social (educación, sanidad, vivienda, transporte, comunicaciones, etc.). En este sentido, una buena gestión financiera, una eficiente administración pública y la política administrativa, una recaudación justa y equitativa de impuestos, operaciones transparentes y libres de corrupción, (lo que se identificaría en términos generales con el “buen gobierno” de las instituciones), contribuyen a una buena prestación de servicios públicos.

A pesar de todo, desde hace décadas, casi desde el “Vuelva usted mañana” de Mariano José de Larra,  la opinión pública y los medios de comunicación han venido reproduciendo una serie de lugares comunes y estereotipos que asocian la imagen del funcionario con la caverna, con gente gris, mediocre, con pocas expectativas, con un trabajo rutinario y una paga escasa aunque segura…

En fechas cercanas, como consecuencia de la crisis económica y de la gran recesión en que nos encontramos, parece que desde determinados sectores se intenta desprestigiar a los empleados públicos ante los ciudadanos, afirmando que son muchos, trabajan poco, no son productivos y tienen un estatus privilegiado por contar con un empleo estable. Los datos internacionales comparados indican justamente lo contrario, aunque se pretende generar un cierto clima de hostilidad e incluso beligerancia hacia la función pública, con algunas declaraciones que son auténticas “perlas”.


Las manifestaciones más recientes han sido por cuenta del arzobispo de Granada, un personaje cuya trayectoria pública es bastante controvertida. En el transcurso de la homilía de la festividad de San Cecilio, afirmó: “Querer ser funcionario es una enfermedad social”

"Hay que cambiar la mentalidad de ser un pueblo subsidiado, que siempre busca la solución en que me solucionen otros el problema".

Recordando las encuestas que hizo entre estudiantes universitarios cuando estaba recién nombrado obispo, continuó diciendo que “…un porcentaje muy alto, cercano al ochenta por cierto, de los chicos buscaba ser funcionario. Eso es una enfermedad social" [sic].

También señaló que, desde que ha empezado la crisis, la sociedad es heredera de una "cierta tradición paternalista", en la que todos esperan que los problemas los resuelvan las autoridades. Por todo ello, apostó por un "cambio de cultura", lo que a su juicio también tiene que ver con la fe, y una "cierta capacidad de riesgo" que sería necesario recuperar como signo de la identidad cristiana [sic]. Como era de esperar, sus palabras han dado lugar a otras reacciones.


De poco prudente, escasamente caritativa y generosa puede calificarse la trayectoria pública de este monseñor, cuya propia página Web recoge toda su peripecia y andadura con una enjundia no exenta de cierta vanidad y soberbia, (impropias seguramente de un pastor de la Iglesia).

Se trata de uno de los prelados más controvertidos de la Iglesia en Andalucía. Cuando se implantó la asignatura de Educación para la Ciudadanía hizo una llamada a la 'desobediencia civil'. Ya en 2007 se convirtió en el primer prelado de la Iglesia católica en ser enjuiciado y condenado en un tribunal civil por coacciones e injurias a un sacerdote que había escrito un libro al que retiró el apoyo de la archidiócesis en cuanto tomó posesión de la sede. Con cierta periodicidad ha protagonizado notables polémicas con declaraciones como la de atribuir la extensión del virus del sida en África al empleo masivo de preservativos. Más palabras que dañan, hieren e incluso matan...

Cabría pensar que todo esto forma parte de una cierta estrategia u operación de distracción ante otros problemas bastante más graves y preocupantes en los que se encuentra ‘empantanada’ la jerarquía eclesiática, como reflejan algunos titulares de prensa: “Las mismas manos que abusaban de mí me daban de comulgar”.

Y es que algunos parecen creer que ser bueno consiste en arrepentirse del mal que causan…


Tal vez no esté de más recordar que son funcionarios o empleados públicos la gran mayoría de los profesionales de la salud, como médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, técnicos, (y tantos otros(as) en el ámbito sanitario), también los epidemiólogos, veterinarios y técnicos de salud pública; los empleados del registro civil y de los ayuntamientos más pequeños, los bomberos, policías, los maestros, profesores o catedráticos de Universidad; el personal de salvamentos, rescates o emergencias, los jueces, fiscales, abogados del Estado, notarios y registradores; los estadísticos, los empleados del Banco de España, los militares y la Guardia Civil; el cuerpo diplomático, los técnicos comerciales del Estado o los miembros del Centro Nacional de Inteligencia…

¿Alguien se imagina un país desarrollado sin estos empleados públicos?

Precisamente dos reconocidos expertos en el campo de la administración pública (en lo que dio en llamarse “gobierno empresarial”), David Osborne y Peter Plastrick en su libro La reducción de la burocracia: Cinco estrategias para reinventar el Gobierno (Barcelona, Paidós. 1998) tras desarrollar sus tesis y propuestas estratégicas para la “reinvención del gobierno”, llegan a la siguiente significativa conclusión:

“En una sociedad que desdeña a los funcionarios por considerarlos burócratas holgazanes y egoístas, resulta difícil (no imposible, pero sí difícil) crear una cultura de corte empresarial, centrada en el cliente y dedicada a la consecución de resultados. Si queremos tener semejantes organismos, debemos comenzar por tratar a nuestros funcionarios con respeto. Esto exigirá la asunción de unos cambios enormes por parte de nuestros políticos, nuestros medios de comunicación y nuestros ciudadanos. Pero hubo una época en la que la profesión de funcionario era considerada hermosa y no hay motivo por el que no pueda ser considerada otra vez de ese modo. La verdad es que la mayoría de los funcionarios son individuos trabajadores y entregados. Como ya hemos dicho antes en muchas ocasiones, la mayoría de los funcionarios son buenas personas atrapadas en los sistemas. Si podemos cambiar estos sistemas y demostrar que el gobierno puede “generar excelencia”, quizá incluso los medios de comunicación se muestren dispuestos a renunciar a sus chivos expiatorios favoritos y reconocer el valor de la calidad cuando la vean”.

En fin, una vez más podría aplicarse aquí sin duda la conocida frase de Manuel Azaña en la que sostenía que: 'Si los españoles hablaran solo de lo que saben, se haría un gran silencio nacional que podríamos aprovechar para estudiar'.

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