lunes, 1 de julio de 2013

En defensa de lo público

 (La entrada recoge la mayor parte de la intervención en el acto de presentación de la Asociación de Empleados Públicos “Público y Calidad” que tuvo lugar el pasado 27 de junio en el "edificio Sabatini" del Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha).

Vivimos tiempos difíciles y complejos, tiempos de dudas e incertidumbre en los que con frecuencia resulta difícil orientarse y no es raro que los árboles no dejen atisbar el bosque. Es una época en la que probablemente necesitaríamos brújulas en lugar de planos o mapas que, por otra parte, seguramente están bastante desfasados. Hace unos días, el sociólogo y politólogo Sami Naïr publicaba un artículo (La privatización del bien común), cuyo elocuente título resulta lo suficientemente explícito y esclarecedor para situar el contexto en el que nos encontramos. Decía Naïr: La política de austeridad adoptada en toda Europa con motivo de la crisis del capitalismo financiero a partir de 2008 está provocando un trastorno sistémico del vínculo social. Se trata en realidad de una verdadera revolución conservadora (o contrarrevolución, si se quiere), en el sentido de que ahora el objetivo fundamental de la austeridad exigida es la modificación de la relación capital-trabajo, del derecho social, de las leyes que rigen el mercado de trabajo y, de modo mucho más profundo, de los conceptos mismos de bienes públicos y privados. La orientación es sencilla: transformar los primeros en los segundos.”  (…)


Asistimos a un ataque deliberado contra los servicios públicos desde sectores muy diversos, una auténtica ofensiva que pasa por difundir, de forma interesada, una imagen distorsionada e irreal de la función pública denostando a sus trabajadores para contribuir al desprestigio de la misma. En este sentido, el discurso dominante de la privatización de lo público, la personalización e individualización rigurosa de los lazos políticos y colectivos de dependencia, implica un retorno a un cierto orden feudal, premoderno, que supone la minimización de las estructuras sociales organizativas.

Desde hace ya varios años, tantos como dura esta grave crisis económica y financiera que atravesamos, venimos oyendo de manera reiterada una cantinela que incluye una serie de afirmaciones que se pretenden ciertas a base de ser repetidas desde algunos conspicuos sectores y medios de comunicación, incluidas determinadas instancias gubernamentales o empresariales. En España –se dice- hay demasiado Estado y muchos empleados públicos; es imprescindible bajar los salarios y flexibilizar el mercado de trabajo para crear empleo; como la expectativa de vida es más alta y por tanto vamos a vivir más años, es necesario rebajar la cuantía de las pensiones para poder pagarlas en el futuro; lo privado –insisten- es más barato (o más eficiente) que lo público y la causa de la deuda es el coste muy elevado de los servicios públicos. Frases hechas, lugares comunes, mitos, “mantras” repetidos insistentemente con la intención de que se conviertan en realidad de modo casi taumatúrgico o mágico. 

Pero lo cierto es que España está a la cola de los grandes países de la UE en gasto público. El viernes 21 de junio el Gobierno presentó un Documento con el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Según los datos de la propia Comisión, España se sitúa entre los 10 países de la UE con menor gasto público en porcentaje de PIB. Es decir, el tamaño del sector público no es elevado si se compara con la media de los países de la UE.

Por lo que se refiere al número de empleados públicos, en 2012 representaban en España el 12,7% de la población activa, frente al 15% en la OCDE, y en la UE todos los países excepto Austria, Italia y Portugal tenían en 2010 más que nuestro país en relación con la población total. Además, desde el tercer trimestre de 2011 hasta el primer trimestre de 2013 se ha producido una reducción del empleo público en 374.800 trabajadores (ver gráfico) una cifra de la que se jactaba la propia vicepresidenta del Gobierno y que así dicha -en abstracto-, con la frialdad de los datos, pasa bastante inadvertida. Resulta bastante más claro y se entiende mejor al decir que en estos 18 meses se han destruido 20.800 empleos cada mes, o que diariamente casi 700 personas han perdido su puesto de trabajo, 30 personas cada hora. En este periodo, el empleo público ha caído un 11,6% frente al 7,7% en que ha disminuido la ocupación en el sector privado. (Solo en Castilla-La Mancha, en apenas seis meses, los que van de enero a julio de 2012, se perdieron más de 10.500 empleos según los datos oficiales, 4.600 en personal docente no universitario).

Por otro lado, los estudios empíricos demuestran que tampoco es cierto que lo privado sea más barato y mejor. Se gasta más en sanidad y es más cara, por ejemplo, en los países que tienen más proporción en manos privadas. Y es indiscutible que la causa real de que aumente tanto la deuda pública en Europa no es que gastemos demasiado en servicios públicos sino los intereses que se pagan a los bancos privados por prohibir que el Banco Central Europeo financie los posibles déficits públicos. La prueba es que el saldo primario medio de los estados de la Eurozona (es decir, la diferencia entre sus ingresos y gastos descontando los intereses de la deuda) ha registrado siempre superávit desde 1996 a 2009.

Los trabajadores y empleados públicos son agentes y protagonistas esenciales en cualquier sociedad avanzada. Su función principal, el desempeño de los servicios públicos que la sociedad y el Estado prestan a los ciudadanos, resulta básica e insustituible. Los empleados públicos encarnan a la Administración haciendo posible las decisiones políticas y legislativas del Gobierno en sus distintos ámbitos, en cumplimiento de la misión constitucional de servir con objetividad los intereses generales actuando de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Cuestionar el papel de los empleados públicos significa poner en tela de juicio una serie de servicios públicos esenciales para la sociedad, tales como la educación y la enseñanza, la sanidad, los servicios sociales, la seguridad o  la justicia. De alguna manera, el trabajo de los empleados públicos viene a ser el mejor alegato contra “ese gran mito liberal de una sociedad autónoma que se autogobierna por el equilibrio de sus impulsos espontáneos” según palabras de un ilustre administrativista. Como se sabe entre los dogmas del liberalismo está el de “dejar obrar” o “no gobernar demasiado”, considerando la idea de que la Administración es un “mal necesario”, en lugar de pensar en la necesidad de una acción correctora o compensadora de desigualdades, promotora de bienestar, facilitadora o proveedora de bienes y servicios…

En España los funcionarios y empleados públicos acceden a sus puestos de trabajo mediante procedimientos objetivos de selección, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad demostrando su cualificación e idoneidad para el desempeño de su tarea. Un modelo, todo hay que decirlo, que contrasta con la discrecionalidad y falta de transparencia con que son incorporados técnicos, asesores, consejeros y otros cargos o puestos de confianza en otros sectores.

Además, la estabilidad y la seguridad (o inamovilidad) en el puesto de trabajo garantizan la independencia del empleado público y evita presiones políticas que atenten contra la neutralidad y objetividad que deben mantener en el ejercicio de sus funciones. Llama la atención por ello que desde determinados sectores y por parte de algunos líderes empresariales se cuestione esta situación, a la que se tilda de anacronismo o se considera casi como un privilegio.

Hay que destacar  que los servicios que prestan los empleados públicos a la sociedad son indispensables y contribuyen a promover la cohesión social, la equidad y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, al llevar los servicios esenciales a los lugares más recónditos del país, donde por cierto, no acudiría nunca una empresa privada por la escasa rentabilidad económica, bien lo sabemos en Castilla-La Mancha.

Por último, se ha pretendido también culpar en gran medida a los empleados públicos, de la difícil situación económica que atraviesa nuestro país, cuando lo cierto es que viene siendo uno de los colectivos más afectados por las severas políticas de austeridad puestas en marcha. La pérdida de derechos laborales, profesionales y retributivos, no se ha visto correspondida, lamentablemente, con recortes en otras partidas presupuestarias. Al mismo tiempo, en contra de lo que se dice de manera reiterada, la reducción en el número de empleados públicos que se ha llevado a cabo redunda inevitablemente en una merma de la calidad del servicio al ciudadano.

Por todo ello, en estos momentos de dificultad, consideramos casi una obligación cívica y moral contribuir a “la defensa de la dignidad profesional de los empleados públicos, la promoción y el fomento del conocimiento del trabajo que desarrollan y la defensa de unos servicios públicos de calidad y accesibles a toda la ciudadanía.” [En negrilla unas líneas de los Estatutos de la Asociación “Público y Calidad”].
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