viernes, 20 de abril de 2012

El Día de los Recortes

La Ministra Ana Mato con la Secretaria General de Sanidad y Consumo, el Consejero de Cataluña y el Secretario de Estado de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.


[Gran parte de esta entrada se basa en el texto leído en la inauguración de la I Jornada de la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad (SEAUS) en Castilla-La Mancha, celebrada en Toledo el 18 de abril de 2012].

«La celebración del VI Día Europeo de los Derechos de los Pacientes ha coincidido este año con la convocatoria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en cuyo orden del día se van a plantear una serie de medidas, básicamente de recortes presupuestarios por importe de 7.000 millones de euros, para -se dice- mantener o garantizar la viabilidad y sostenibilidad del SNS.

Hace aproximadamente un año, en el último Congreso de la SEAUS se aprobó la Declaración de Zaragoza. Entre los principios contenidos en ese Decálogo, se hablaba de la sostenibilidad en los siguientes términos:

El sistema sanitario  es un  gran patrimonio de la ciudadanía.
Usuarios y profesionales son responsables de su sostenibilidad y de la adecuada utilización de los recursos sanitarios. Es necesario fomentar la corresponsabilidad informada de los ciudadanos y profesionales, y establecer los mecanismos para mejorar la transparencia y avanzar en la cultura de la evaluación.
Los usuarios son titulares de deberes que han de cumplir como copropietarios del sistema sanitario.

El SNS es una organización muy valiosa que actualmente se enfrenta a una crisis de sostenibilidad. Venimos asistiendo desde hace ya meses a una reducción progresiva de los servicios y prestaciones, con un recorte de los presupuestos destinados a la asistencia sanitaria por las distintas administraciones públicas. En este sentido, desde la SEAUS queremos manifestar nuestra preocupación al comprobar cómo, de una manera lenta pero sostenida, se está produciendo un deterioro de las condiciones de servicio y de la calidad asistencial que se manifiesta en dificultades para el acceso, retrasos, incremento de las listas de espera tanto diagnósticas como terapéuticas y disminución del personal, lo que da lugar a la masificación y al incremento de la presión asistencial sobre los profesionales, provocando una sobrecarga y una degradación de sus condiciones de trabajo. Y esto, hay que decirlo, en uno de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía, considerado entre los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo en resultados agregados con su población, y siendo al mismo tiempo uno de los más eficientes y con menor gasto.

De hecho, en la actualidad el gasto sanitario total de España está por debajo del promedio de la UE-15 en dólares por poder paritario de compra y se encuentra justo en la media (9.5% PIB) de los países de la OCDE, según los últimos datos publicados (OCDE Health Data 2011). El gasto sanitario público es inferior a la media de la UE-15 en unos 800 € por habitante y año, e inferior también a la media de los países de la OCDE. Además, el crecimiento del gasto sanitario público español en los diez últimos años ha sido del 2.7% anual, frente al 4.1% de promedio en la OCDE. Cabe señalar que el gasto sanitario total ha crecido a expensas del gasto sanitario privado.

Por tanto, puede decirse que nuestro sistema sanitario es muy eficiente en relación con los resultados sanitarios obtenidos, y el déficit que se le atribuye procede más bien de una escasa y crónica subfinanciación.»

[J. Ignacio Martínez Millán y Luis Andrés López Fernández, profesores en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) lo señalan también claramente en un artículo, (Recortes y datos del sistema sanitario), advirtiendo también acerca de la transferencia al sector privado de la gestión de centros y servicios sanitarios:

“Se ha creado un colectivo gerencial que tiene la responsabilidad de trabajar sobre las bolsas de ineficiencia que presenta nuestro sistema de salud. Exijámosles resultados, y a nuestros políticos que clarifiquen el juego de intereses que defienden. Nuestro sistema de cobertura social es demasiado bueno como para dejarlo en las manos exclusivas de estos políticos del siglo XXI que, embebidos del pensamiento único, destilan sus esencias. El sistema de salud genera déficit sistemático por su insuficiente financiación y es ahí hacia donde se deben orientar las políticas de sostenibilidad. No es cierto que puedan introducirse mejoras en su eficiencia global generando a la vez beneficios para los accionistas de las empresas privadas”.]

«De aquí que las apelaciones genéricas e indiscriminadas a la racionalización o a la búsqueda de la para todos deseable sostenibilidad del sistema no pueden convertirse en una excusa para el desmantelamiento progresivo de las instituciones del bienestar. La búsqueda de la eficiencia, la mejora de la gobernanza y de la gestión son siempre objetivos importantes pero instrumentales, no pueden ser nunca los objetivos últimos ni principales. La finalidad principal del sistema sanitario debe ser la prestación de una atención sanitaria adecuada y de calidad, es decir, centrada en los pacientes, segura, eficaz y coste-efectiva, con la participación de los propios ciudadanos, como corresponsables y auténticos copropietarios del sistema.

Establecer unos presupuestos suficientes, garantizar una financiación con carácter finalista que destine realmente los recursos a la atención sanitaria, mejorar la adecuación en el uso de la tecnología, reducir la variabilidad de la práctica clínica, mejorar la prescripción farmacéutica, implantar sistemas para la gestión de compras centralizadas que permita recuperar economías de escala, potenciar la atención primaria y asegurar la continuidad asistencial, profesionalizar la gestión, fomentar la innovación y facilitar la participación de los profesionales y de los pacientes:

Éstas son solo algunas de las fórmulas que se enumeran desde diferentes instancias para reducir los márgenes de ineficiencia, mejorar el coste-efectividad de los servicios, incrementar la seguridad y conseguir mejores resultados. Y en estos objetivos el papel de los pacientes y usuarios resulta clave a través de la mejora de su educación y formación, del acceso a información de calidad, y mediante su corresponsabilidad y participación en la toma de decisiones.»

«Vivimos sin duda tiempos difíciles e inciertos, pero más allá del pesimismo, la resignación o la indolencia, la obligación ética de nuestra generación es legar a nuestros hijos y nietos un sistema público de salud tan bueno o mejor que el que nos legaron nuestros padres. Un sistema que da seguridad y protección a todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de origen y procedencia, de su edad, nivel socioeconómico y clase social, o de la enfermedad que padecen.

Y para ello no basta con simples declaraciones genéricas del tipo de: “se puede hacer más con menos”, sin medir o sin tener en cuenta los resultados clínicos. En algunas CCAA se esta produciendo una disminución efectiva de la capacidad asistencial de los centros públicos con cierres de camas, de consultas, de quirófanos, disminución de personal de guardia, etc., todo ello acaba produciendo un peor funcionamiento del sistema sanitario. Aunque la mayoría de estas medidas son recientes y resulta difícil de cuantificar su efecto sobre la población, existen ya datos por ejemplo de que en Cataluña se han incrementado notablemente las listas de espera (un 42,1%, con más de 25.000 pacientes más) y el propio tiempo de espera para recibir atención.

Para los trabajadores, empleados y profesionales sanitarios la defensa de un SNS sostenible, debe ser la principal tarea científica, profesional y ética, compartida por todos quienes trabajamos en el sector, incluidos las Corporaciones Profesionales y los Sindicatos.»

Al día siguiente, esta es la noticia sobre las medidas adoptadas en el CISNS, tal como aparece en los medios de comunicación: Sanidad sube el copago para bajar el consumo de fármacos.

En los últimos tiempos se ha ido extendiendo la idea de que los medicamentos se (re)paguen en función de la renta, algo que resulta aparentemente atractivo en su formulación, pero que es bastante discutible y de difícil puesta en práctica: El flanco débil. Y algunos economistas lo consideran positivo y razonable, pero de difícil gestión.

Pero en todo caso, la nueva medida deteriora la equidad del sistema sanitario español y no responde a la anunciada progresividad que en su día anunció el Gobierno. Los ahorros provenientes de este capítulo se realizarán a costa de enfermos y jubilados, y no de manera proporcional de todos los contribuyentes en razón de su renta. A ello se refería el editorial del periódico EL PAÍS: Penalizar al jubilado.

Supone en definitiva, quebrar el principio básico de solidaridad distributiva sobre el que se basaba el modelo de sociedad de bienestar que hemos conocido hasta ahora, como explica Luís García Trapiello (Del “copago” y otras propuestas falaces).


Y eso, además sin tener en cuenta que, según datos de Eurostat y de la Comisión Europea, los españoles se encuentran entre los ciudadanos europeos que pagan de su propio bolsillo una mayor proporción de los gastos totales en sanidad .

¿Cuál es el resultado que se pretende? Las cuentas del aumento del copago, más parecen las cuentas del Gran Capitán: aquello de en picos, palas y azadones, cien millones…”

No está muy claro que así consigamos contribuir a esa sostenibilidad del sistema, concebida como la capacidad de satisfacer las necesidades de la actual generación sin poner en riesgo la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Cómo aplicar esta idea a la financiación colectiva de los servicios públicos del bienestar, entre ellos el sistema sanitario es, como se ve, una cuestión bastante más compleja.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha realizado también un análisis de las medidas aprobadas por el CISNS. En su opinión son muy regresivas y van a penalizar a los más enfermos y los más pobres, generando desigualdades intolerables a la hora del acceso a las prestaciones sanitarias.  Consideran que van a tener una efectividad muy limitada e inferior a la prevista por el Ministerio. Han propuesto una serie de medidas que, sin suponer copagos ni exclusión de prestaciones, lograrían un ahorro de casi 10.000 millones €, mejorando la racionalidad y la eficiencia del sistema sanitario público.

Una última opinión es la que expresa Vicenç Navarro en su blog 'Pensamiento crítico': “El error de las políticas de austeridad, recortes incluidos, en la sanidad pública”.
Coincidiendo con todo esto, hace cuatro días, el portavoz de Sanidad del grupo parlamentario popular en el Senado, durante su intervención en la Jornada de Reflexión sobre las Ineficiencias del Sistema Sanitario organizadas por la Fundación Bamberg, aseguraba ya que "ahora que ya no estamos en campaña electoral y han pasado las elecciones andaluzas y generales" es el momento de "decir la verdad" sobre el futuro de la sanidad en España, explicando que hablar de solidaridad, universalidad o gratuidad es "una utopía".

Tremendo. ¿Se habrá leído la Ley General de Sanidad?

Foto: Cristóbal Manuel EL PAÍS

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