sábado, 15 de noviembre de 2014

Un “pelotazo” hospitalario (y II)



Imagen del proyecto inicial del nuevo Hospital de Toledo

En cierto modo, no deja de resultar llamativo y paradójico en este tipo de modelos de “colaboración público-privada” que el Gobierno delegue una de sus principales obligaciones -la de atender al interés general y gestionar los recursos públicos con eficiencia- en empresas privadas, a las que pagará con dinero público por ello. Se desplaza un gasto de inversión a un canon que pagara la siguiente generación. Esta situación podría definirse como: “cuando el gestor público renuncia a hacer gestión pública”, y por lo tanto no deja de ser una manera de escapar de su responsabilidad.

Veamos cuales son los resultados de la operación:

A. Para el ciudadano y para la Administración
   1.    Un sobrecoste de 560 millones de euros.
 2. Un hospital mucho más pequeño y peor dotado que el inicialmente previsto.

B. Para el concesionario
 El concesionario en términos absolutos obtiene un beneficio bruto que puede cifrarse en 462 millones de euros, de acuerdo con el detalle siguiente:
 El objetivo, no obstante, según aparece recogido en el anexo del PCAP de información económico-financiera orientativa para los licitadores, es que el accionista obtenga una TIR (tasa interna de retorno) o rentabilidad media anual a lo largo del período de la concesión del 12%-14%, con un plazo de recuperación de la inversión (pay back) de tan solo 10 años. 

Resumen y Valoración final

1.    El proyecto supone un sobrecoste para el ciudadano que podría cifrarse en unos 560 millones de euros, debido a tres tipos de razones:

2.    El operador privado tiene un lógico ánimo de lucro y, por tanto, hay que pagarle el correspondiente margen de beneficios, (retribución del accionista)

3.    En este caso concreto, el operador privado incurre en unos gastos en los que no tendría que incurrir si la gestión fuera 100% pública. En este sentido, puede afirmarse que para este proyecto el modelo privado es menos eficiente.

4.   El coste de la financiación para el operador privado (estimado en el 7,5% en el anexo de información económico-financiera orientativa para los licitadores) es mucho más alto del que le costaría a la Junta endeudarse (2,63%), y éste es uno de los conceptos que se incluye en el cálculo del canon anual.

5.   A pesar de lo que en su día se anunciaba en unas propagandísticas notas de prensa,  y sobre unas supuestas condiciones para su concesión, no se ha vuelto a saber nada sobre los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Por tanto, hay que suponer razonablemente que finalmente se denegó la financiación. Por este motivo, en el pliego aparecen frases del siguiente tenor: “Las necesidades de financiación se cubrirán con los recursos propios que aportará el concesionario (30%) y con la financiación que deberá obtener en el mercado bancario u otros. 

6.    Podríamos afirmar que esta operación es enormemente ventajosa (un “pelotazo”), para cualquier inversor privado porque, tratándose de una inversión sin riesgo:

      La rentabilidad media anual que se pretende garantizar, 12%-14%, es muy alta.
      El plazo de recuperación de la inversión (pay back), en solo 10 años, es muy corto.

7.    La intervención de un operador privado, con ánimo de lucro, no aporta valor al proyecto, por las siguientes razones:

      Si el motivo es la financiación, la Junta ya contaba con créditos  en condiciones mucho más ventajosas, (a través del BEI y del BBVA), que los que tiene que obtener el privado, con el agravante de que la carga financiera derivada de este mayor coste lo asumirá la Junta, a través del pago del canon anual.
     Si el motivo fuera una mejora de la gestión, queda comprobado que el operador privado tiene que montar una infraestructura de gestión y control del proyecto que eleva los costes, y por tanto también el dinero que el ciudadano tiene que aportar.

8.    En consecuencia, si el concesionario no aporta valor añadido al proyecto, es entonces el sector público quien se lo aporta al sector privado, al menos por un importe de 462 millones de euros.

Gráfico de resultados económicos para el concesionario

En fin, parece bastante evidente que algunos pretenden hacer un buen negocio a costa del presupuesto público...

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